Gustavo Petro convocó este viernes a la ciudadanía a concentrarse en la Plaza de Bolívar a las 4 pm para iniciar una recolección de firmas con el fin de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
La convocatoria llega luego de que el Tribunal Superior de Bogotá absolviera al expresidente Álvaro Uribe, revocando así la sentencia que en agosto pasado lo condenó a 12 años de cárcel domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal.
“Espero a Bogotá entera este viernes a las 4 en la Plaza de Bolívar. Vamos por la Soberanía Nacional. Vamos por el Poder Constituyente”, escribió Petro en X.
El presidente rechazó con dureza la decisión judicial y aseguró que el fallo “tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia” y de quienes llegaron al poder aliados con el narcotráfico y desataron “el genocidio en Colombia”.
Petro vinculó además la absolución con la crisis diplomática que enfrenta con Estados Unidos y apuntó directamente al expresidente Donald Trump como aliado de Uribe y de los sectores políticos cuestionados.
“Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia”, dijo durante un consejo de ministros transmitido al país.
El mandatario pidió que la concentración sea masiva y vinculó la defensa del país y la dignidad de Colombia con la recolección de firmas para convocar una Constituyente que reforme la Constitución de 1991.
Esta no es la primera vez que Petro promueve esta Asamblea. En junio pasado anunció que en las legislativas de marzo de 2026 se incluirá en las urnas la papeleta para convocarla, a pesar del rechazo de expertos y sectores políticos que consideran innecesaria una nueva Constitución.
La iniciativa de Petro se basa en que, según él, existen sectores políticos y poderes judiciales anclados al Estado de derecho de 1886, mientras la Constitución actual establece un Estado social de derecho.
El llamado de Petro a la ciudadanía es un nuevo capítulo en la tensión política y judicial que divide al país y reaviva la discusión sobre la legitimidad de la justicia y la influencia política en Colombia.
