El gobierno de Donald Trump autorizó un cuarto ataque militar en el mar Caribe, en aguas internacionales cerca de Venezuela, en el que murieron 4 hombres acusados de narcotráfico sin juicio ni evidencias públicas.
Pete Hegseth, jefe de operaciones de guerra de Washington, anunció que el golpe se hizo contra “narcoterroristas” vinculados a carteles designados como grupos terroristas por EE.UU., sin ofrecer detalles concretos ni identificar a los fallecidos.
Desde el 2 de septiembre, el Comando Sur ha realizado cuatro ataques similares en el Caribe que suman al menos 21 muertos bajo la misma lógica: ejecutarlos como “combatientes ilegales” en un conflicto armado informal contra narcotraficantes. La Casa Blanca declaró esta semana ante el Congreso que EE.UU. se encuentra en un “conflicto armado no internacional” con carteles latinoamericanos, lo que justificaría el uso de fuerza letal directa.
Los ataques desataron duras críticas. El presidente venezolano Nicolás Maduro los calificó de “crímenes alevosos” y “ataques militares contra civiles”, pues considera ilegal castigar con muerte sin detener ni garantizar un juicio justo. Maduro pidió que se respeten los derechos humanos y se detengan a los sospechosos, no se les ejecute sumariamente.
La operación refleja un giro radical en la guerra antidrogas tradicional de EE.UU., que antes usaba la Guardia Costera para interceptar y detener barcos sospechosos. Ahora, con una orden secreta firmada por Trump a finales de julio, el Pentágono puede atacar navíos sin detener su tripulación. El ejército incrementó su presencia naval en el sur del Caribe y lanzó operaciones contra el Tren de Aragua, banda venezolana catalogada como terrorista por Washington.
La campaña se ha convertido en una escalada militar sin precedentes en la región. Ni nacionalidades ni identidades completas de los víctimas han sido reveladas. Fuentes cercanas a la operación aseguran que algunos muertos podrían no ser narcotraficantes al 100%, incluso migrantes atrapados en el fuego cruzado.
Esta estrategia generó rechazo entre exasesores legales militares y expertos en derecho internacional, que advierten que calificar narcotraficantes como “combatientes ilegales” para legitimar ejecuciones extrajudiciales viola leyes humanitarias y derechos humanos.
Además, Trump ha desplegado tropas en ciudades estadounidenses bajo control federal y considera usarlas como “campos de entrenamiento” para futuras guerras, mientras sectores de su gobierno presionan para un ataque militar directo contra el régimen de Maduro.
En paralelo, EE.UU. sigue manteniendo recompensas y acusaciones penales contra Maduro, a quien acusa de narcotráfico y fraude electoral, aumentando la tensión entre Washington y Caracas.
Lo ocurrido en el Caribe marca una peligrosa militarización de la guerra antidrogas, donde se aplican penas de muerte sin procesos legales, complicando aún más la inestable situación política y social en la región.
