La Justicia chilena lanzó una investigación para confirmar el paradero de Bernarda Vera, una mujer incluida en el listado oficial de víctimas de la dictadura de Pinochet, luego de que una investigación periodística difundiera que podría estar viva en Miramar, Argentina.
La causa está en manos del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, en la región de La Araucanía, y queda bajo secreto de sumario. La instruye el ministro de la Corte Álvaro Mesa, especialista en casos de derechos humanos. Vera, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenida en 1973 y dada por ejecutada en el puente de Villarrica, pero nuevos testimonios y archivos oficiales ponen en duda esa versión.
Un reportaje de Chilevisión publicado a fines de septiembre reveló que la mujer, conocida como “Anita”, estaría viviendo en la localidad bonaerense de Miramar. El reportaje señala que testimonios la vieron fuera de Chile luego de la fecha oficial de su desaparición y que el Plan Nacional de Búsqueda (PNB) abrió una investigación administrativa tras detectar inconsistencias en los registros.
El ministro de Seguridad chileno, Luis Cordero, confirmó que la verificación corresponde al juez que tramita el expediente y defendió las actuaciones del gobierno del presidente Gabriel Boric. La oposición, en cambio, señala a Cordero como responsable de supuestas “inexactitudes” en el caso.
Bernarda Vera figura en el Informe Rettig como desaparecida forzada, pero la duda sobre si logró escapar del destino fatal se ha convertido en un nuevo capítulo del complejo proceso de memoria y verdad en Chile.
La familia de Vera fue informada de manera reservada para proteger su privacidad y el caso sigue bajo investigación judicial. La aparición en Argentina añade un nuevo escenario a una historia emblemática de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura pinochetista.
