El Tribunal Constitucional ha decidido posponer su fallo sobre la constitucionalidad del Impuesto sobre el Patrimonio hasta 2026, dejando en vilo a más de 200.000 contribuyentes, con especial impacto en Madrid.
Esta decisión amplía la incertidumbre para miles de madrileños que seguirán pagando un tributo cuestionado, mientras Hacienda continúa recaudando sin pausa. La polémica se centra en un impuesto estatal creado en 2022 sobre grandes fortunas, que anuló la bonificación del 100% que Madrid aplicaba para eliminar el gravamen en su comunidad.
La Comunidad de Madrid llevó la batalla al Constitucional, argumentando que el Gobierno vulneró el principio de legalidad tributaria al introducir el impuesto mediante la Ley de Presupuestos en lugar de una ley específica. Además, denuncia que esta reforma vacía de contenido su autonomía fiscal.
“El problema no es el impuesto en sí, sino cómo se aprobó su reforma; es una cuestión de procedimiento y respeto al principio de reserva de ley”, explicó Ángel Sánchez, abogado de Golden Partners.
El retraso se justifica con razones técnicas, acumulación de asuntos fiscales y una renovación parcial del tribunal, pero el efecto es claro: paga ahora y reclama después es la única opción. Desde Hacienda advierten que solo podrán recuperar el dinero los que hayan presentado solicitudes a tiempo.
Se calcula que este tributo estatal genera al menos 2.000 millones de euros anuales, y el Gobierno no parece tener prisa por resolver. Si el Constitucional da la razón al Estado, se consolidará un modelo que reduce la autonomía fiscal de regiones como Madrid.
Por el contrario, un fallo favorable a Madrid permitiría retomar la bonificación del 100% al Patrimonio, suspendiendo el impuesto. Pero el Ejecutivo ya estudia un “plan B” para gravar de nuevo grandes fortunas, aunque con normas más ajustadas al procedimiento legal.
Mientras, los contribuyentes madrileños se enfrentan a un pulso entre administración central y autonómica, atrapados en la inseguridad jurídica y la obligación de seguir pagando por si acaso. La justicia fiscal tendrá que esperar años para una resolución definitiva.
