Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza, alertó que la reforma laboral impulsada por el Gobierno debe estar orientada a las pymes y no a los grandes grupos económicos. “Los que tienen herramientas para absorber gastos no son los pequeños empresarios”, sostuvo en declaraciones a Diario El Sol.
El funcionario advirtió sobre la necesidad de que las reformas se realicen “de manera orgánica y con amplio consenso”, involucrando a gobernadores y municipios. Criticó que el presidente lanzó cambios “intempestivamente, sin acuerdos previos” y con una cámara legislativa “muy chica”.
“Estamos tocando intereses importantes, por eso es clave que cuente con el apoyo de la ciudadanía y de los gobernadores, sean del partido que sean”, dijo Vargas Arizu.
El ministro destacó que el sistema actual desalienta el registro formal de empleados y la creación de nuevas empresas. Puso el foco en que hoy sólo hay 600.000 empresas registradas frente a una meta de 2 millones que proyectan economías vecinas.
Vargas Arizu apuntó que las pymes generan el 75% del empleo privado en Argentina pero son las más afectadas por la llamada “industria del juicio”. “Un juicio laboral para una gran empresa puede ser el 3% de su facturación; para una pizzería, significa perder el horno o cerrar el negocio”, explicó.
En ese sentido, remarcó que la reforma laboral y la impositiva deben proteger especialmente a las empresas familiares, que constituyen el 70% del tejido empresarial y son las que más invierten en desarrollo local. En Mendoza, su cartera se jacta de mantener un superávit sostenido hace una década y una deuda pública “razonable”.
Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, apoya estas reformas pero pide que se tomen decisiones con sentido común y diálogo con quienes conocen el país en profundidad.
Respecto a la derrota del oficialismo en Buenos Aires, Vargas Arizu la definió como un “llamado de atención” para el Gobierno nacional y alertó que la política debe abandonar los extremos para avanzar en “políticas de Estado sostenibles”.
Para el ministro, la clave está en lograr un equilibrio real entre lo público y lo privado. “La participación del sector productivo dentro del Estado es fundamental para generar credibilidad y desarrollo”, cerró.
