El Concejo Municipal de Popayán criticó el presupuesto proyectado para 2026, que concentra recursos en contratación administrativa y deja en segundo plano áreas clave como empleo, ruralidad y medio ambiente.
La sesión del 21 de octubre contó con la participación de la Secretaría de Hacienda, la Dirección Administrativa Financiera y de Estudios (DAFE) y la Oficina Jurídica. Los concejales exigieron ajustes urgentes para priorizar inversión productiva y social.
El concejal John Ortiz calificó como “muy pobre” el presupuesto de $335 millones para programas de empleo, en una ciudad con desempleo del 10,4% y más del 60% de informalidad laboral. Ortiz advirtió que sin inversión real, Popayán seguirá dependiendo de la “contratación política” y de trabajos informales.
“Si no hay inversión real en empleabilidad, Popayán seguirá dependiendo del rebusque y la contratación política”, dijo Ortiz.
El concejal José Alexander Campo denunció el gasto excesivo en ítems repetidos para contratar personal, sumando más de $800 millones solo en ese rubro. Criticó el “gasto duplicado” y pidió centrar los recursos en proyectos sociales y de desarrollo rural.
“Necesitamos gestión, no más hojas de vida; los recursos deben verse en obras, empleos y resultados”, señaló Campo.
En defensa del ambiente, el concejal Julián Ausecha urgió a cumplir con la compra del 1% de áreas estratégicas que ordena la ley para proteger fuentes hídricas, inversión pendiente desde 2024. Por su parte, Luis Enrique Inchima propuso fortalecer el control sobre especies invasoras y vincular más a las Juntas de Acción Comunal en labores ambientales.
Por su parte, el secretario de la DAFE, Iván Darío Arturo, explicó que el techo presupuestal para 2026 es de $5.432 millones, distribuidos en proyectos que incluyen gestión ambiental, empleo, agropecuaria, infraestructura productiva y ciencia y tecnología. Arturo anunció además la compra de dos áreas para conservación ambiental y nuevas acciones de reforestación urbana y rural.
La sesión también abordó la demora en la aprobación de vigencias futuras, con la que se financia la ejecución de proyectos como el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Los concejales advirtieron que los retrasos podrían poner en riesgo la continuidad del programa.
Con crecimiento económico estancado y necesidades urgentes en empleo y protección ambiental, el Concejo sostiene que el presupuesto debe ser más productivo y transparente. La Comisión Segunda continuará revisando el proyecto y propondrá ajustes para fortalecer inversiones sociales, ambientales y en empleo.
El debate seguirá abierto en los próximos días mientras la ciudad espera medidas que detengan la burocracia y activen la economía local.
