El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó por unanimidad iniciar una acción judicial para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795), suspendida por el Ejecutivo aunque ya promulgada.
La decisión fue tomada en el Plenario de Rectoras y Rectores realizado en la Universidad de Buenos Aires, donde el presidente del CIN, Oscar Alpa, resaltó que “40 años después del primer plenario del CIN volvemos a exigir el respeto al sistema republicano y el cumplimiento de la ley”.
“Un decreto no puede suspender una ley”, dijo el decano anfitrión, Leandro Vergara, en representación de la UBA.
“Es grave para la institucionalidad democrática permitir que se naturalice el incumplimiento de una ley con legitimidad social, política e institucional”, agregó el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci.
La norma, aprobada inicialmente en agosto y ratificada por la oposición en octubre, fue vetada por el presidente y luego promulgada pero suspendida, generando un choque con la división de poderes según los rectores. “Se violan fundamentos válidos y corresponde ahora recurrir a la Justicia para garantizar la aplicación efectiva”, apuntó Bartolacci.
Además de la demanda judicial, el CIN solicitó al Congreso Nacional que apruebe el presupuesto 2026 considerando como base los recursos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario, para asegurar fondos estables a las universidades públicas argentinas.
Esta movilización representa un nuevo capítulo en la disputa entre las casas de estudio y el Poder Ejecutivo, profundizando el reclamo por mayor financiamiento y respeto a las leyes aprobadas por el Parlamento. Se espera un pronunciamiento clave de la Justicia en las próximas semanas.
