España está bajo fuerte presión de Estados Unidos para cumplir con el compromiso de la OTAN de elevar su gasto en defensa al 5% del PIB para 2035, y el nuevo embajador americano, Benjamín León, ha sido claro: no cumplir tendrá consecuencias económicas.
Durante su aparición en el Senado de EE UU, León criticó duramente al gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de retroceder en sus promesas y calificó de “gran error” que España no aumente significativamente su inversión militar, que hoy ronda el 2,1% del PIB, unos 30.000 millones de euros.
El compromiso del 5% implicaría un salto gigantesco, cercano a 40.000 millones de euros adicionales, un gasto que el Ejecutivo califica de “monumental” y difícil de asumir sin desestabilizar las finanzas públicas. España encara este dilema justo cuando aún lidia con la recuperación económica postpandemia y los retos sociales internos.
El choque diplomático refleja no solo tensiones bilaterales con Washington, sino también una disyuntiva profunda para la política exterior española. Sánchez defiende que el nivel actual ya es suficiente para garantizar la seguridad nacional y mantener la presencia en la Alianza Atlántica.
Fuentes próximas al Gobierno insisten en que la aportación española debe valorarse también en términos de inteligencia, ciberseguridad y cooperación en misiones internacionales, no solo mediante incremento puro del gasto militar. La idea es reorientar recursos para no sobrecargar un presupuesto público que enfrenta múltiples prioridades sociales.
Estas negociaciones llegan en un contexto donde EE UU también presiona a los países miembros de la OTAN para priorizar compras de armas estadounidenses, otra fuente de debate en España, especialmente relacionada con contratos multimillonarios a empresas como Indra.
Bruselas, por su parte, se mantiene firme ante las presiones comerciales provenientes de Washington, ampliando un marco de complejidad económica y política global que afecta a Madrid.
Para España, está claro que un aumento tan agresivo en gasto militar requiere equilibrio entre compromisos internacionales y sostenibilidad económica. Sin embargo, la amenaza de posibles represalias económicas por parte de EE UU complica aún más la situación.
La pregunta ahora es cómo responderá el Gobierno ante esta creciente presión diplomática que pone a prueba la estrategia de defensa y la estabilidad económica del país en plena recuperación.
