El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó su renuncia intempestivamente esta semana, encendiendo una nueva crisis en el gabinete de Gustavo Petro. Su salida se dio horas después de asegurar que su relación con el presidente era “inmejorable” y de entregar un proyecto para convocar una Asamblea Popular Constituyente mediante firmas ciudadanas.
En su carta de renuncia, Montealegre dejó una advertencia clara al mandatario:
“Cuídese mucho: en palacio hay traidores que acechan con dagas peligrosas. Un abrazo.”
La misiva, con un tono personal y directo, se dirige a Petro por su nombre de pila y pone entre comillas la palabra “irrevocable” al referirse a su renuncia.
Montealegre justifica su salida principalmente por la absolución del expresidente Álvaro Uribe por parte del Tribunal de Bogotá, caso que él califica como “prevaricato” e “ignominia”. Anunció que acudirá a la justicia internacional para buscar que esta decisión sea corregida.
Sin embargo, fuentes dentro de la Casa de Nariño apuntan a problemas internos con el ministro del Interior, Armando Benedetti, considerado el hombre más influyente en el gabinete. Montealegre habría mantenido tensiones con Benedetti a pesar de aparentes reconciliaciones, lo que explicaría en parte su mensaje en la carta.
Otro factor clave es el proceso disciplinario que la Procuraduría, liderada por Gregorio Eljach, estaba iniciando contra Montealegre. Se le investigaba por supuesta participación indebida en política e irrespeto hacia la administración de justicia. La Sala Disciplinaria proponía suspenderlo para evitar que pudiera influir en la investigación.
Esta situación recuerda la salida reciente del jefe del despacho presidencial, Alfredo Saade, quien también confrontó públicamente a Eljach tras abrirse una investigación disciplinaria por irregularidades en contratos.
Impacto político y judicial
La renuncia de Montealegre llega justo cuando el presidente Petro inicia el trámite para la recolección de firmas que impulsen una constituyente. Este mecanismo le daría facultades para dictar decretos con fuerza de ley hasta por seis meses. Montealegre había respaldado esta estrategia, pero su visión legal chocaba con las actuales interpretaciones del Consejo de Estado, que suspendió una reforma sanitaria implementada por decreto.
Doctor en Derecho formado en Alemania, Montealegre defendió la idea de que ciertos vicios constitucionales podrían subsanarse mediante decreto, una postura criticada y que generó cuestionamientos sobre el respeto al orden jurídico estatutario.
Con la renuncia de Montealegre, el Gobierno de Petro enfrenta una nueva fisura política y un reto para seguir adelante con su ambicioso agenda de reformas. La guerra interna con la Procuraduría y las luchas de poder en Casa de Nariño se evidencian nuevamente en una salida abrupta y acompañada de duros reclamos.
