Florida analiza el proyecto de ley HB 221 que permitiría a ciertos trabajadores en programas de capacitación laboral renunciar temporalmente al salario mínimo estatal. Presentada por el diputado republicano Ryan Chamberlin, la medida busca aliviar las cargas para pequeñas empresas y abrir más oportunidades de inserción laboral.
La propuesta define una exención de hasta nueve meses para quienes participen voluntariamente en programas formales de aprendizaje o preaprendizaje. Durante este período, los empleadores no estarían obligados a pagar el salario mínimo estatal, actualmente en US$14 por hora, pero sí el salario mínimo federal de US$7,25, vigente desde 2009.
El proyecto incluye salvaguardas: el trabajador debe firmar una autorización voluntaria donde reconoce su derecho al sueldo mínimo y acepta recibir un pago inferior durante el entrenamiento. Si tiene menos de 18 años, el permiso también requiere la firma de un tutor legal. Además, los programas no pueden durar más de nueve meses o dos semestres académicos a tiempo completo.
Chamberlin argumenta que el salario mínimo fijado en la Constitución es un obstáculo para el crecimiento económico y la generación de empleo, afectando especialmente a pequeños negocios y a jóvenes sin experiencia. Según él, controles salariales rígidos reducen las oportunidades laborales y generan costos altos que empujan a los empleados a salir del mercado.
“Los controles salariales siempre se implementan con buenas intenciones, pero conllevan una disminución de oportunidades”, dijo Chamberlin a Newsweek.
La iniciativa introduce un marco regulatorio que limita la exención solo a programas aprobados y estipula que cualquier coacción para firmar la renuncia invalidaría el acuerdo y mantendría vigente el derecho al salario estatal. También se apega a la Ley Federal de Normas Laborales Justas, que regula el pago mínimo a nivel nacional.
Sin embargo, la propuesta recibió duras críticas de sectores sindicales y agrupaciones defensoras de derechos laborales. Jackson Oberlink, de la coalición Florida for All, afirmó que “ningún trabajador renuncia realmente a un salario justo” y alertó sobre riesgos de explotación bajo la excusa de la voluntariedad.
El sindicalista Satin Fye, de Miami-Dade, calificó el proyecto como “antiobrero, antifamilia y antiFlorida”, advirtiendo que las empresas podrían usarlo para explotar a jóvenes y familias vulnerables.
El salario mínimo estatal en Florida ha aumentado progresivamente tras una reforma constitucional de 2020, que lleva el pago de US$11 en 2021 a US$15 para 2026. Mientras tanto, el salario federal se mantiene en US$7.25 desde 2009.
La ley entraría en vigor en julio de 2026 y, de aprobarse, pondría a Florida en el centro de un debate nacional sobre cómo equilibrar la protección laboral con la flexibilización para impulsar la formación y el empleo juvenil.
