El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a Gustavo Petro, presidente de Colombia, y a su círculo cercano por presunto vínculo con el narcotráfico.
El Departamento del Tesoro estadounidense responsabilizó a Petro por el aumento récord en la producción de cocaína durante su mandato. Lo acusan de facilitar beneficios a organizaciones narcoterroristas que operan en Colombia.
Las sanciones incluyen a su esposa, Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro, señalado también por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y al ministro del Interior, Armando Benedetti, aliado político del mandatario. Según Estados Unidos, Alcocer y Benedetti habrían brindado apoyo financiero y logístico a Petro.
Estas medidas bloquean cualquier bien o interés vinculado con ellos en territorio estadounidense y prohíben realizar transacciones financieras con las personas sancionadas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) supervisará el cumplimiento y podrá aplicar sanciones civiles o penales ante incumplimientos.
La acción marca un giro en la tensa relación bilateral, elevando la confrontación política y diplomática entre ambos gobiernos.
El impacto político en Colombia será clave en los próximos meses, con un enfoque en cómo estas sanciones afectarán la estabilidad interna y las relaciones internacionales del país.
