Esta semana marcó un punto crítico para el gobierno de Gustavo Petro, que enfrenta un colapso institucional con nuevos reveses en su agenda y relaciones exteriores.
El golpe más fuerte vino del Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente el Decreto 858/25. Este decreto pretendía instaurar un nuevo modelo de salud, pero el tribunal fue categórico: el cambio estructural en salud es competencia exclusiva del Congreso. La decisión frenó en seco la reforma estrella de Petro y evidenció la extralimitación del Ejecutivo.
El mismo día, la crisis diplomática alcanzó un nivel inédito. La administración estadounidense incluyó a Petro, su hijo Nicolás, su esposa Verónica Alcocer y el ministro Armando Benedetti en la llamada “lista Clinton”, una medida que implica congelamiento financiero y aislamiento internacional. Este duro golpe es el resultado directo del mal manejo de las relaciones con Estados Unidos, caracterizado por un lenguaje hostil y confrontativo desde Palacio.
Además, el presidente pidió la renuncia de su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, apenas 24 horas después de haber presentado un borrador para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Esta movida confirmó la profunda inestabilidad del gabinete: van 59 ministros en dos años y medio, un récord que subraya la crisis interna.
Con menos de 300 días para que termine su mandato, la presidencia de Petro atraviesa un desgaste acelerado. La combinación de fallos judiciales, crisis diplomática y sacrilegios políticos dibuja un panorama de caos y falta de rumbo. La institucionalidad colombiana está al borde de la fractura mientras el Ejecutivo apuesta a proyectos controversiales y sin consenso.
La semana revela que lejos de una transformación, el gobierno está en caída libre. La relación con Estados Unidos vive su peor momento histórico, y las tensiones internas crecen sin soluciones a la vista.
