Karine Lellouche, propietaria en el Bassin d’Arcachon, vive un calvario tras descubrir que un squatter había tomado su casa que había heredado. La mujer de 55 años denunció la usurpación y pidió la expulsión rápida del intruso, pero la justicia frenó el proceso por una tecnicidad.
La ocupación ilegal comenzó a comienzos de año cuando Karine quiso vender la propiedad. Al llegar se topó con un hombre que había instalado cables de fibra óptica y nuevo contador eléctrico. El squatter aseguró ante la gendarmería que la casa estaba abierta y sin señales de fractura, lo que llevó a la prefectura a rechazar la demanda de expulsión.
Para Karine, la situación empeoró en septiembre. Según su relato, hubo un altercado en la casa en el que dos personas agredieron al okupante. Sorprendentemente, ella fue detenida y puesta en garde à vue, acusada de instigar la agresión, algo que ella niega rotundamente.
“Todo el mundo decía que yo había montado el golpe, pero no hice nada”, asegura Karine.
El proceso sigue su curso con la detención de dos sujetos relacionados con el altercado, informó el parquet de Burdeos. Sin embargo, por el lado económico la historia ya ha terminado mal para Karine. La casa fue finalmente vendida a un promotor inmobiliario, pero con una penalización de 80.000 euros porque el squatter aún estaba dentro al momento de la firma.
El golpe económico y moral deja a Karine en estado de shock tras meses de lucha contra un sistema que, en su caso, no le protegió. Tras heredar la propiedad quiso un simple trámite de venta, pero lo que encontró fue una batalla legal y social que la obligó a ceder su bien muy por debajo de su valor inicial.
El caso vuelve a poner en evidencia la complejidad para propietarios en Francia frente a ocupaciones ilegales y la lentitud de intervenciones judiciales pese a la creciente alarma social en zonas como el Bassin d’Arcachon.
