El Gobierno francés acaba de hacer público el enorme desequilibrio en los sistemas de pensiones de los funcionarios, que requiere una inyección anual de 41.000 millones de euros para mantenerse a flote.
En una sección incluida en el proyecto de ley de finanzas para 2025, el Ejecutivo detalla la crisis presupuestaria de estos regímenes. La razón principal: hay menos cotizantes activos que pensionados beneficiarios. Actualmente hay 0,9 funcionarios cotizantes por cada jubilado, un balance que no se sostiene a largo plazo.
Régimen especialmente tenso en sectores cerrados
La ministra Amélie de Montchalin advirtió esta semana ante el Parlamento que algunos regímenes, como el de las minas, están en una situación crítica porque ya no aceptan nuevos empleados. Allí, solo 773 cotizantes sostienen a miles de jubilados, lo que obliga al Estado a cubrir la brecha con fondos públicos.
Esta transparencia llega en un contexto de tensiones presupuestarias generales para el Ejecutivo, que enfrenta presión para garantizar las pensiones sin recurrir a aumentos masivos de impuestos ni recortes brutales en beneficios.
Por ahora, el gobierno acepta que es “necesario diseñar un sistema capaz de cumplir con sus obligaciones” y no descarta modificaciones en la estructura o financiación de estos regímenes especiales para garantizar su sostenibilidad.
El anuncio se produce justo antes de la presentación del proyecto de ley de finanzas, evidenciando la prioridad política en sacar a la luz números reales y presionar a los actores para encontrar soluciones.
La situación es clara: sin reformas, el déficit en las pensiones de la función pública seguirá creciendo y la carga financiera para las cuentas del Estado será cada vez más insostenible.
