Este 6 de noviembre se cumplen 40 años del asalto y recaptura sangrienta del Palacio de Justicia en Bogotá, una de las heridas más profundas en la historia reciente de Colombia.
El grupo guerrillero M-19 tomó la sede principal de la justicia colombiana en la tarde del 6 de noviembre de 1985 con 35 hombres, menos de los 41 planeados, y sin lograr nunca controlar completamente el edificio, según el antropólogo y documentalista David Marín García, quien reconstruyó la operación tras analizar testimonios de más de 1.200 personas para su libro Perdida en el fuego.
Los guerrilleros subieron hasta el cuarto piso, donde funcionaba la Corte Suprema de Justicia, sólo pasadas la 1:00 p.m., un retraso inesperado en una operación que ya se veía complicada. “La operación fracasa desde el primer momento”, dijo Marín, porque el complejo palacio era un laberinto y estaba defendido por escoltas armados.
La toma tenía un objetivo político: llamar la atención sobre el incumplimiento de los acuerdos de paz firmados con el gobierno Belisario Betancur en agosto de 1984, pero terminó en tragedia. La reacción del Estado fue una operación militar violenta que convirtió el sector del centro de Bogotá en un campo de batalla, con fuerzas especiales entrando por la azotea, uso de explosivos y un tanque que derribó la puerta principal.
Tras el incendio que consumió el Palacio durante la noche del 6 de noviembre, el Ejército bombardeó con cañones de tanques las zonas aún en pie donde habría sobrevivientes, según confirma la investigación de Marín, contradiciendo versiones oficiales iniciales.
El saldo final fue de 94 muertos, incluyendo a 11 magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, además de decenas de desaparecidos. El presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, resultó herido y falleció poco después, hecho que, según el autor, llevó finalmente a la rendición de los guerrilleros.
La intervención militar fue además un acto de fuerza contra los acuerdos de paz del gobierno de Betancur, reforzada por el malestar de las fuerzas armadas tras un atentado dos semanas antes al general Rafael Samudio Molina, comandante del Ejército.
El Palacio de Justicia quedó en ruinas y hasta hoy es símbolo de una tragedia y de las fallas del Estado para proteger la justicia y la vida incluso en tiempos de conflicto.
La Corte Suprema honra esta semana la memoria de las víctimas con actos conmemorativos, pero el país sigue buscando cerrar una herida abierta que marcó para siempre el centro de Bogotá y la historia de Colombia.
