Carles Puigdemont ha dado un golpe definitivo al Gobierno de Pedro Sánchez al anunciar la ruptura irreversible de los acuerdos con el Ejecutivo y su paso formal a la oposición. Este movimiento supone, en la práctica, la implosión oficial de la legislatura y deja a España en una situación de bloqueo político permanente.
Con esta decisión, el apoyo clave del independentismo catalán desaparece, lo que dificulta de forma insalvable la aprobación de leyes importantes, incluyendo la ley de Presupuestos. El Gobierno de Sánchez se queda sin los apoyos necesarios para gobernar y avanzar en su agenda parlamentaria.
Ante esta crisis, la única salida lógica es la disolución inmediata del Parlamento y la convocatoria de elecciones. Sin embargo, fuentes cercanas apuntan a que Sánchez podría resistirse a esta opción para mantener el poder, incluso a costa de no gobernar efectivamente.
El presidente está cada vez más acorralado. Las investigaciones por casos de corrupción que afectan a su entorno familiar y su partido lo presionan desde dentro, pero no existen por ahora condiciones para una moción de censura que lo saque del Palacio de la Moncloa. Este escenario le permite mantener el control de las instituciones para enfrentarse a futuros procesos judiciales.
Puigdemont ha esperado hasta la mitad de la legislatura para dar este paso, impulsado en parte por el auge de formaciones como Alianza Catalana. Su ruptura consolida una realidad que ya se intuía: el PSOE gobierna sin apoyos reales y con las manos atadas.
España entra en un periodo de parálisis política que podría prolongarse si Sánchez decide aferrarse a la presidencia sin capacidad real de gobernar. Mientras, la agenda legislativa queda estancada y el país sin rumbo claro.
