La prórroga de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) hasta 2037 volvió a escena esta semana en el Congreso de la República, donde se realizó una audiencia pública con múltiples sectores respaldando la iniciativa. Gobernadores, alcaldes, campesinos y líderes sociales pidieron ampliar el plazo para consolidar la paz y el desarrollo en las zonas más golpeadas por la violencia y la exclusión estatal.
Los proyectos de ley 405 de 2025 (Senado) y 279 de 2024 (Cámara) buscan extender los PDET, cuyo actual periodo termina en dos años. Los territorios priorizados —170 municipios agrupados en 16 subregiones— enfrentan retrasos y necesidades básicas urgentes en salud, educación y producción, según las voces escuchadas.
“Lo que queda, casi dos años, no es suficiente. La paz se construye con desarrollo, con inversión que llegue a la Colombia profunda”, dijo Guillermo Salazar Espinosa, campesino de La Tola, Nariño, en la audiencia.
Los gobernadores de Nariño y Norte de Santander también destacaron los avances, pero subrayaron que la deuda social y el abandono institucional exigen más tiempo y recursos. Raúl Delgado, director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), insistió en que esta extensión debe ser vista “con sentido de nación” para garantizar una paz duradera con justicia y equidad. Delgado destacó el apoyo transversal que tiene el proyecto, señalando que concita respaldo de distintas fuerzas políticas y sociales.
Además de la ampliación temporal, se discutió la inclusión de nuevos territorios que aún requieren atención prioritaria para la construcción de paz. Esto responde a la realidad de que muchas comunidades rurales siguen marginadas y vulnerables.
Los PDET fueron diseñados para transformar estructuralmente las zonas más afectadas por el conflicto armado, la pobreza y la economía ilegal. Aunque han logrado avances en la reducción de brechas, la magnitud del reto obliga a pensar en una presencia estatal sostenida y mayor inversión, afirman expertos y actores territoriales.
La audiencia contó con la participación de senadores, representantes, alcaldes, gobernadores, líderes sociales afrodescendientes, campesinos, indígenas y jóvenes, así como funcionarios y académicos especializados en desarrollo territorial. El consenso fue claro: para consolidar la paz con justicia social en Colombia rural, es necesaria una prórroga que permita resultados sostenibles.
El Congreso tendrá ahora la tarea de debatir y decidir sobre la extensión hasta 2037, un paso clave para la apuesta nacional por la equidad territorial que involucra cerca de cinco millones de colombianos en zonas históricamente excluidas.
