El Parlamento británico avanza con la nueva Planning and Infrastructure Bill, una reforma clave que busca acelerar los procesos de autorización urbanística y al mismo tiempo garantizar proyectos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.
El Gobierno propone simplificar decisiones y reducir retrasos mediante herramientas como los Environmental Delivery Plans y el Nature Restoration Fund, que integran inversión ambiental estratégica para desbloquear obras. También se habilita la toma de decisiones a nivel de funcionarios, eliminando parte de la burocracia, y se permitirá a las autoridades locales fijar sus propias tasas por permisos, destinando ingresos para mejorar servicios urbanísticos.
Enmiendas recientes prometen acelerar infraestructuras críticas como presas, limitar recursos legales para apelar permisos y alargar los plazos de validez de autorizaciones, además de incluir proyectos marítimos en el fondo ambiental.
Sin embargo, en un contexto ya de constantes reformas, desarrolladores y expertos llaman a apostar por la estabilidad legislativa. Cambios constantes, aunque positivos, podrían volverse contraproducentes y generar incertidumbre que frene la inversión y la ejecución efectiva de obras.
Proporcionalidad y simplificación, el núcleo del cambio
Una de las propuestas más destacadas es la introducción del llamado principio de proporcionalidad, defendido por figuras como Lord Banner y Baroness Scott of Bybrook. Esta norma limitaría la cantidad de documentos y evaluaciones necesarias según el tamaño y tipo de proyecto, evitando que se alarguen procedimientos con excesiva documentación para defenderse de recursos.
“El volumen actual de información sobrecarga a promotores y autoridades, encarece costes y alarga tiempos”, explica James Clark, socio del bufete Foot Anstey.
Para que esta medida tenga impacto real, el Gobierno debe definir con claridad qué información es suficiente, frenando la “sobreprotección” legal que paraliza muchas solicitudes urbanísticas.
Por otro lado, el informe destaca que solo la ley no basta. Problemas prácticos como la ejecución electrónica de acuerdos clave (Sección 106) todavía tienen implementación desigual. En caso de firmas presenciales, especialmente con actores internacionales, la traba puede sumar meses de retraso, algo que planes de digitalización podrían corregir si reciben inversión.
La nueva ley representa un intento fuerte del Ejecutivo para modernizar y desatascar un sistema que frece lento, complejo y cargado de conflictos. Tras múltiples ajustes recientes —como la Levelling Up and Regeneration Act 2023 o las exigencias en Biodiversity Net Gain—, lo que urge ahora es consolidar, dar tiempo a que las reglas calen y evaluar su impacto real sobre el terreno.
La atención en los próximos meses estará en cómo se implementan estas reglas y si efectivamente se traducen en más vivienda disponible y proyectos de infraestructura que respetan el medio ambiente o si, por el contrario, el complejo sistema británico de planificación urbanística sigue sufre de largas demoras bajo presión constante.
