La Asamblea Nacional retomó este lunes 27 de octubre el debate sobre el presupuesto 2026, con el proyecto de ley de financiamiento de la Seguridad Social en la comisión de Asuntos Sociales.
El Partido Socialista (PS) y el Gobierno avanzaron en acuerdos, especialmente sobre la polémica sobretasa a beneficios empresariales. El Gobierno propuso un aumento del rendimiento fiscal de esa tasa de 4 a 6 mil millones de euros, enfocando la carga en las grandes empresas.
Esta medida generó rechazo en diputados de la derecha y algunos macronistas, que pidieron su eliminación. La izquierda radical, aunque crítica, decidió votar a favor pese a denunciar negociaciones “en salas paralelas”, según Manuel Bompard (LFI).
“No hay un bloque central ni base común, eso no es alentador para lo que viene”, advirtió Boris Vallaud, líder del grupo socialista.
El presupuesto estatal generó discusión sobre nuevas medidas fiscales, incluida la posibilidad de imponer una tasa mínima al patrimonio (“tasa Zucman”), propuesta que los socialistas quieren reforzar aunque cuentan con resistencia dentro de la coalición gubernamental.
Olivier Faure, jefe del PS, amenazó con una nueva disolución parlamentaria si el Ejecutivo no cede a imponer impuestos más fuertes a los grandes patrimonios.
Por otro lado, los diputados aprobaron la reducción acelerada de la cotización sobre el valor añadido de las empresas (CVAE), una medida valorada en 1,3 mil millones de euros y apoyada tanto por el Gobierno como la extrema derecha.
La crisis de las pensiones marca la discusión
El centro del debate sigue siendo la suspensión de la reforma de las pensiones. El PS condiciona su apoyo a que se congele esta reforma hasta enero de 2028, frenando la subida de la edad legal a 64 años y el aumento de trimestres necesarios para la jubilación plena.
La medida fue ampliamente rechazada en comisión la semana pasada, particularmente la idea de gravar a las mutuas para financiar la suspensión, con votos en contra de la izquierda, derecha y el Rassemblement National, que alegaron que los costes recaerían sobre los enfermos.
La derecha se opone frontalmente y planea eliminar la suspensión en la Cámara Alta, controlada por centristas y conservadores, cuyo presidente Gerard Larcher ya advirtió que restaurará la reforma si la Asamblea la aprueba.
El coste de congelar la reforma se estima en 100 millones de euros para 2026 y 1,4 mil millones para 2027, en un presupuesto definido como “excepcionalmente riguroso”, con ahorros que buscan reducir el déficit a 17,5 mil millones en 2026, tras 23 mil millones en 2025.
Este lunes también se reunieron Sébastien Lecornu, ministro encargado del presupuesto, con líderes de la derecha y el centro del Senado, que mostraron su frustración por las concesiones hechas a los socialistas.
“No tengo ningún acuerdo con los socialistas”, afirmó Lecornu, consciente de que el Senado mantiene “sus propias líneas”.
Las próximas semanas serán decisivas para sellar un pacto presupuestario que mantenga la estabilidad del Gobierno, a la vez que aborda la impopular reforma de las pensiones y la presión para incrementar la fiscalidad sobre las grandes fortunas y empresas.
