El gobierno de Estados Unidos lleva 28 días cerrado, en su segundo cierre más largo de la historia, y los empleados federales son los más afectados. Más de 670,000 trabajadores están sin sueldo y otros 730,000 laboran sin pago, mientras se agudiza la crisis para quienes dependen de esos ingresos.
Desde el 1 de octubre, millones enfrentan el paro técnico: sin despidos formales, pero con todos sus ingresos detenidos. En Washington y otras ciudades, cientos hacen largas filas para recibir ayuda alimentaria, como Diane Miller, una funcionaria de 74 años que tiene que recurrir a comedores comunitarios para sobrevivir.
“Tengo que vivir”, dijo Miller a AFP mientras recogía dos cajas de alimentos donados, una con frutas y verduras frescas y otra con productos no perecederos.
El cierre no termina con un acuerdo entre republicanos y demócratas sobre el presupuesto federal. Además, muchos funcionarios temen perder sus empleos o no recibir el pago retroactivo, lo que los dejaría en una situación aún peor.
La Casa Blanca admitió que al menos 10,000 empleados serán despedidos si el shutdown continúa. Russ Vought, jefe de la Oficina de Gestión y Presupuesto, declaró que buscan reducir la burocracia y que podrían superar esa cifra.
El 10 de octubre, más de 4,000 empleados federales ya fueron despedidos, afectando principalmente a Tesoro, Salud, Educación y Vivienda. Sin embargo, una jueza federal en San Francisco detuvo los despidos tras un amparo presentado por sindicatos que denuncian ilegalidades.
El problema se agrava porque muchos afectados no han recibido aviso formal. Los comunicados fueron enviados a correos oficiales inaccesibles durante el cierre. La jueza Susan Illston afirmó que no hay personal disponible para responder dudas o apoyar a empleados vulnerables como embarazadas que temen perder la cobertura médica.
Actualmente, más de 2 millones y medio de empleados federales están afectados entre bajas y trabajadores sin pago, incluyendo servicio activo, Guardia Nacional y reservas. Si el cierre se extiende hasta el 1 de diciembre, se dejarán de pagar aproximadamente 4.5 millones de cheques por un total cercano a 21 mil millones de dólares en salarios.
Organizaciones como World Central Kitchen movilizan apoyos alimenticios para ayudar a los afectados. Su programa de emergencia se ha activado en Washington esta semana para aliviar en parte esta crisis.
El Bipartisan Policy Center y la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) advierten que el cierre tendrá impactos negativos en la economía estadounidense, reduciendo temporalmente el PIB y afectando la producción privada.
Las causas del conflicto siguen sin resolverse. La Cámara de Representantes, controlada por republicanos, aprobó una extensión presupuestaria hasta finales de noviembre, pero el Senado necesita al menos cinco demócratas para avanzar. Los demócratas buscan negociar los recortes en salud y otros temas antes de aceptar cualquier ampliación.
Este cierre supera ya las consecuencias del gobierno bajo Donald Trump en 2019, que duró 35 días y redujo el PIB en 11,000 millones de dólares.
Mientras la disputa política continúa, cientos de miles de empleados federales y sus familias están al borde de la crisis financiera y sin respuestas claras a la vista.
