El Parlamento de Montenegro rechazó esta semana los informes anuales del Consejo Judicial y la Fiscalía, en medio de acusaciones de manipulación política y presiones sobre el sistema judicial.
El experto Danilo Kalezić advierte que la coalición gobernante «Za Budućnost Crne Gore» y parte de la mayoría parlamentaria buscan castigar a la Fiscalía por dos casos clave: el proceso por el llamado «Golpe de Estado» y un caso relacionado con Danilo Mandić, familiar y miembro del servicio de seguridad de Andrija Mandić, líder opositor.
En el caso Mandić, el acusado es investigado por disparar contra dos ciudadanos a las 3:40 de la madrugada en Podgorica, hiriendo a uno de ellos con varios disparos, tras bloquear el paso de un vehículo oficial.
Durante las tensas sesiones, líderes de la mayoría atacaron directamente al fiscal general Milorad Marković. Andrija Mandić lo acusó de abuso de poder, mientras que Milan Knežević, de la DNP, lo comparó con su antecesor Milivoj Katić, implicando política en su labor.
Kalezić destaca que la mayoría parlamentaria ve a la Fiscalía como un «pozo de deseos» que debe servir a sus intereses políticos y personales, violando principios democráticos y judiciales básicos.
Pese a las críticas, ni la mayoría ni la oposición presentaron argumentos sólidos en contra del trabajo profesional de la Fiscalía, aunque admiten que existen problemas de selectividad y presiones internas, que pasan desapercibidas para el público.
El rechazo de los informes se sumó a la falta de consenso para nombrar nuevos jueces constitucionales, lo que podría prolongar el bloqueo en instituciones clave del Estado. La presidenta del Tribunal Supremo, Valentina Pavličić, resaltó avances en eficiencia judicial reconocidos por socios internacionales, pero admitió la falta de personal y retrasos en procesos largos.
Desde el Partido Democrático Social (DPS), la principal formación opositora, denunciaron la pérdida de legitimidad y autoridad del fiscal general Marković, elegido por 61 diputados pero con solo 25 votos a favor en la última sesión. También alertan sobre una caída significativa en la confianza ciudadana hacia la Fiscalía, del 43% al 35% en recientes sondeos.
«No aceptaremos que la Fiscalía sea un arma política contra nosotros y nuestras familias, esta lucha llegará hasta el final», advirtieron desde el DPS.
En un contexto marcado por la tensión política y la presión sobre los poderes judiciales, Montenegro vive una profunda crisis institucional. La permanente confrontación entre la Fiscalía y la mayoría parlamentaria refleja la lucha por el control del sistema judicial y la impunidad frente a procesos sensibles para el futuro democrático del país.
