El Tribunal Constitucional rechazó este martes por unanimidad el recurso presentado por la Junta de Extremadura contra la orden del Tribunal Supremo que obliga a demoler el complejo urbanístico Isla de Valdecañas, ubicado en Cáceres. La decisión ratifica la sentencia que ordenó devolver los terrenos a su estado original antes de la construcción del conjunto de 134,5 hectáreas.
La Junta alegaba falta de imparcialidad en el Supremo y violaciones al derecho a la tutela judicial efectiva, argumentando que parte del tribunal había participado en etapas previas del proceso y que el alto tribunal se extralimitó al ordenar la demolición total. Sin embargo, el TC descartó esas quejas y señaló que la sentencia del TS se ajusta a la función legal de fijar doctrina y aplicarla al caso concreto, y que no incurre en incongruencias ni arbitrariedades.
Este fallo cierra un litigio judicial que se inició en 2011, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anuló el visto bueno de la Junta para el desarrollo de Isla de Valdecañas, ordenando la restitución del terreno. Luego de años de recursos y resoluciones parciales, el Supremo en 2022 resolvió demoler todo lo construido tras aceptar un recurso presentado por la ONG Ecologistas en Acción-CODA.
En junio del año pasado, el TC había suspendido cautelarmente el derribo por seis votos contra cinco, argumentando posibles daños irreparables. Pero ahora, con la resolución definitiva, se descarta ese freno y se allana el camino para la demolición total.
Los propietarios emitieron un comunicado tras el fallo en el que respetan la decisión pero no la comparten y adelantaron que perseguirán la defensa del complejo. Recordaron que la Ley 2/2023 de la Asamblea de Extremadura legalizó las construcciones y enfatizaron que siempre actuaron de buena fe.
“Isla Valdecañas ha traído prosperidad a una región necesitada, contribuye al progreso y genera cientos de empleos”
Estos dueños también afirmaron que explorarán futuros recursos judiciales tras la resolución del TC sobre su propio amparo, aún pendiente, y aseguraron contar con el respaldo social en Extremadura.
Por ahora, la decisión del Tribunal Constitucional representa un golpe decisivo para el proyecto inmobiliario y abre la etapa final para el cumplimiento de la orden judicial de demoler el complejo en su totalidad.
