El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ha ordenado este miércoles que el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, comparezca para explicar la masacre que dejó 134 muertos tras una operación policial en las favelas de Penha y Alemão.
De Moraes ha fijado una audiencia para el próximo lunes 3 de noviembre en Río, donde se analizará el despliegue policial, el uso de la fuerza, y el recuento oficial de víctimas y detenidos. La operación tenía como objetivo una de las organizaciones criminales más importantes del país pero terminó en la redada más letal de la historia del estado.
Fuentes oficiales hablan de 119 fallecidos según la Policía, incluyendo 4 agentes, y 113 detenidos. La Defensoría Pública confirma al menos 132 víctimas mortales, cifra próxima a la de la Fiscalía.
El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su “profunda preocupación” al día siguiente de la masacre, subrayando que “el uso de la fuerza debe respetar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Su portavoz pidió una investigación inmediata.
La polémica ha puesto en el foco la violencia policial en Brasil, sumando presión sobre las autoridades para rendir cuentas de un operativo que ha sacudido la opinión pública nacional e internacional.
