Junts per Catalunya ha declarado esta semana la ruptura “definitiva” con el PSOE, anunciando que sus siete diputados retirarán su apoyo al Gobierno de coalición en el Congreso. La declaración fue solemnizada por Carles Puigdemont, el líder histórico del partido, quien ya en ocasiones anteriores había hecho amenazas similares pero sin consumarlas del todo.
Junts se ha convertido en un actor incómodo y decisivo para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, bloqueando leyes clave desde el inicio de esta legislatura. Pese a no ser socio formal del gobierno, el grupo había mantenido un respaldo tácito que ahora rompe por completo.
El momento de esta ruptura levanta dudas sobre sus motivos reales. Algunos analistas apuntan a que podría ser un movimiento estratégico previo al fin de la legislatura, o bien una manera de ganar terreno frente a los votantes catalanes, en un contexto político donde el panorama cambia tanto en Cataluña como en el conjunto de España.
Neus Tomàs, subdirectora de elDiario.es y responsable de la edición en Cataluña, señala que Junts lanza con esta ruptura un último órdago contra Sánchez, buscando marcar la agenda política y presionar al Gobierno para futuras concesiones o posiciones en la negociación territorial.
Junts ha usado tácticas disruptivas durante toda la legislatura, dando golpes efectivos al Ejecutivo sin formar parte formal del consejo de ministros. Este paso de retirar el apoyo en bloque puede complicar la gobernabilidad en la recta final del mandato, y abre una incógnita sobre el futuro de la coalición y las alianzas parlamentarias.
La reacción del Gobierno aún está pendiente. Sánchez deberá afrontar ahora una votación sin un socio hasta ahora esencial para sumar mayorías y sacar adelante medidas legislativas.
Con siete escaños, Junts no tiene el poder numérico para derribar el Ejecutivo, pero sí puede obstaculizar leyes y forzar pactos complicados. La fractura también reaviva la tensión política catalana y pone sobre la mesa la renovada crisis del independentismo frente al Gobierno central.
El episodio representa un nuevo capítulo en la conflictividad política que envuelve al país. Para el ciudadano promedio, este movimiento se traduce en más incertidumbre y posibles bloqueos en el Congreso en una legislatura ya desgastada.
