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Justicia obliga a padre con ingresos bajos a pagar pensión a hija universitaria

Padre que gana 1.300 euros debe mantener pensión a su hija que sigue estudiando en España.

La Audiencia Provincial de Pontevedra ordenó a un padre español que gana 1.300 euros mensuales mantener la pensión alimenticia de su hija de 24 años mientras ella continúe estudiando y no logre independencia financiera.

La decisión se dio tras un conflicto familiar y judicial, cuando Luis Andrés solicitó dar por terminada la pensión para sus hijas gemelas, Verónica y Maribel, ambas mayores de edad. Alegó que habían culminado su formación básica y que vivían independientemente.

Sin embargo, la justicia determinó que Maribel, que vive en Tenerife con su pareja y demostró independencia económica, dejará de recibir la pensión. Pero Verónica es universitaria, estudia educación infantil y no ha alcanzado autonomía real.

El tribunal rechazó la versión del padre que sostenía que Verónica convivía con su pareja de manera estable, concluyendo que la joven regresa al hogar materno en vacaciones y que sus trabajos son esporádicos, insuficientes para considerarse económicamente independiente.

La madre, Rocío, desempleada y beneficiaria de ayudas sociales, sigue recibiendo el pago mensual de la pensión para Verónica. La Audiencia reafirmó que el fin del apoyo económico solo debe darse cuando cesen las necesidades reales y no simplemente porque los hijos cumplan mayoría de edad o tengan empleos ocasionales.

El origen del conflicto se complicó en 2023 con la llegada de Estefanía, hermana menor fruto del segundo matrimonio del padre, lo que aumentó la carga económica sobre Luis Andrés y motivó su intento de extinguir las pensiones alimenticias.

La sentencia de primera instancia en Cambados había ordenado suspender los pagos para ambas hermanas, pero tras el recurso de apelación presentado por la madre, la Audiencia corrigió el fallo en julio reafirmando la pensión para Verónica.

Contra esta resolución aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en un plazo de veinte días desde la notificación.

Este caso refleja las complejidades legales y sociales sobre las pensiones alimenticias a hijos mayores en formación, especialmente cuando los recursos de los padres son limitados.

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