Chihuahua podría ver la salida de prisión de 97 extorsionadores sentenciados si se aprueba la reforma que reduce las penas por este delito, advirtió la diputada federal Lilia Aguilar Gil (PT) este jueves.
La ley que se discute a nivel nacional bajarías las condenas de extorsión de 8 a 6 años, lo que facilitaría la liberación anticipada de cientos de personas encarceladas por ese delito en estados como Chihuahua, Guerrero, Morelos y Quintana Roo. En total, podrían ser hasta 600 extorsionadores en todo el país los que obtengan su libertad con la medida.
Aguilar Gil representó el Distrito IV con cabecera en Ciudad Juárez y lanzó una alerta pública: la reducción castiga débilmente uno de los delitos de mayor incidencia y crecimiento en México. “Es el delito con mayor incremento en los últimos años, silencioso y devastador”, dijo.
La diputada propuso en cambio elevar las penas hasta 20 años de prisión para extorsionadores. Esta iniciativa ya se ha planteado ante el senador Ricardo Monreal (Morena), quien mostró apertura pero no ha sido aprobada por la coalición oficialista de la Cuarta Transformación.
“El PT está convencido de que no es un tema menor. Hoy la facilidad para salir con penas mínimas es alarmante; seguimos impulsando endurecer las sanciones para erradicar este flagelo”, afirmó Aguilar Gil.
Los extorsionadores operan con llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y amenazas para sembrar miedo en la población. Según la diputada, el 97% de las extorsiones no se denuncian.
El contexto es grave: Chihuahua ha liderado el conteo nacional de homicidios dolosos por segundo día consecutivo esta semana, mientras que los agentes del Ministerio Público enfrentan cargas de trabajo de más de 150 casos al año. La confianza ciudadana en la Fiscalía estatal sigue por debajo del promedio nacional, indicó el INEGI.
La reforma causa preocupación en el sector político y en materia de seguridad, porque al reducirse las penas, cientos de delincuentes ligados a redes de extorsión podrían reincidir rápidamente fuera de prisión.
Por ahora, la discusión sigue activa en el Congreso. El PT insiste en subir las penas y evitar que la reforma abra una puerta literal a la impunidad para extorsionadores condenados.
