Burford Capital pidió hoy a la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que Argentina entregue sin más demora todos los chats y correos electrónicos de funcionarios relacionados con el juicio sobre la expropiación de YPF en 2012. La fecha límite era este 30 de octubre y Burford rechazó la solicitud argentina de extender el plazo hasta el 21 de noviembre.
La exigencia llega un día después de la audiencia en la Corte de Apelaciones de Nueva York, donde se discutió el fallo principal del caso por más de USD 16.000 millones (más intereses que suman USD 18.000 millones) contra Argentina. Aunque el Gobierno argentino mostró optimismo sobre la posibilidad de revertir la condena, el mercado reaccionó fuerte y las acciones de Burford cayeron hasta 15% tras la audiencia.
Burford acusa al Estado argentino de demorar la entrega de información digital vital, incluyendo datos de plataformas como WhatsApp. Desde el año pasado la firma intenta cobrar la indemnización ganada con la demanda y para ello sostiene que el Gobierno y YPF son la misma entidad, aunque los abogados argentinos y funcionarios del Tesoro en Nueva York refutaron esta teoría.
En diálogo exclusivo con Infobae, el subprocurador Juan Ignacio Stampalija ratificó que “son dos entes jurídicos distintos y no existe alter ego”. Su colega Julio Comadira agregó que YPF “tiene un 49% de accionistas privados, deuda en mercados internacionales y una vida propia totalmente separada del Estado”.
Preska ordenó inicialmente la entrega antes de fin de mes, pero Argentina pidió una prórroga argumentando que recolectar esa información era “prácticamente imposible”. Propuso pedir colaboración de más de 30 funcionarios actuales y pasados, incluyendo a Luis Caputo y Sergio Massa, para acceder a sus dispositivos móviles.
Burford aceptó una extensión solo si se compromete a entregar completa y puntualmente la información, sin más demoras. Además, advirtió que cualquier incumplimiento será responsabilidad exclusiva de Argentina y que podrían pedir sanciones adicionales si no se cumple el mandato judicial.
La firma inglesa, que compró los derechos para litigar la demanda, remarcó que la estrategia argentina de dilación perjudica a los demandantes y afecta la preservación de pruebas digitales fuera de canales oficiales. Burford acusa al país de ignorar cartas enviadas a principios de octubre solicitando aclaraciones y ajustes en criterios para buscar comunicaciones relevantes.
El fallo final sobre la expropiación se conocerá el próximo año, pero en Estados Unidos el proceso puede ejecutar pagos mientras existen apelaciones abiertas. Por eso la presión sobre la entrega de datos es clave para que Burford avance en el cobro del millonario fallo.
El caso sigue abierto y la jueza Preska evaluará si concede la prórroga solicitada por Argentina o ratifica la entrega inmediata. El resultado impactará no solo en la disputa judicial sino en las estrategias del Gobierno para enfrentar el litigio y posibles pagos futuros.
