La Fiscalía de Montenegro investiga cómo datos médicos confidenciales de la periodista Ana Raičković, obtenidos del sistema Heliant del Centro Clínico Montenegro (KCCG), terminaron en manos del abogado Danilo Mićović y fueron expuestos públicamente durante un juicio.
Mićović, presidente del Colegio de Abogados de Montenegro y defensor en el caso contra Zoran Ćoćo Bećirović, Luka Bećirović y Mladen Mijatović, usó un informe médico con datos personales sensibles en la audiencia pública. El juez rechazó el documento por considerarlo prueba obtenida ilegalmente.
Los acusados fueron condenados en primera instancia por agredir a Raičković, con penas entre siete meses y un año. Sin embargo, el foco ahora está en la filtración y exposición pública de los datos médicos, un grave fallo tanto por parte del hospital como del propio abogado.
El hospital KCCG admitió que el informe fue impreso con la clave de una doctora que estaba de baja y que no autorizó su uso. Sin embargo, no aplicó ningún procedimiento disciplinario y aseguró que tras el incidente firmó contratos de confidencialidad con el personal y mejoró los sistemas de seguridad, como el cambio periódico de contraseñas y la implementación de estándares europeos.
La Fiscalía confirmó que sigue investigando a varios testigos y analizando pruebas, pero no aclaró si Mićović será responsabilizado o declarado como testigo en la causa. Tampoco respondió si ha interrogado al abogado en relación con la exposición pública de datos médicos.
Mila Radulović, del Sindicato de Periodistas Profesionales, condenó el accionar de Mićović y la falta de sanciones del Colegio de Abogados, institución que debería defender los principios legales y éticos. “El presidente del Colegio usa ilegalmente datos para defender a su cliente, rompiendo el código de ética”, señaló.
El Ombudsman de Montenegro respaldó la postura de que el KCCG incumplió los derechos de privacidad comprometiendo la confianza en el sistema sanitario. Propuso medidas estrictas como autenticación multifactor, encriptación y formación al personal para evitar futuros incidentes.
Este caso desnuda graves fallas en la protección de datos sensibles y cuestiona la ética profesional de quien debería ser garante de la ley en Montenegro.
