Veintiocho abogados presentaron una denuncia contra el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, por presunta toma ilegal de intereses tras su visita a Nicolas Sarkozy, encarcelado en la prisión de la Santé.
La visita del 29 de octubre, primera de un guardas de los Sellos a un expresidente, provocó críticas inmediatas de sectores de izquierda y sindicatos de magistrados. El motivo oficial de Darmanin fue verificar las condiciones de seguridad de Sarkozy, condenado por financiación libia.
El colectivo de abogados, liderado por Jérôme Karsenti, acusa al ministro de mezclar intereses personales con su cargo público, basándose en el artículo 432-12 del Código Penal que sanciona a funcionarios que comprometen su objetividad. Alegan que la relación “moral y amistosa” con Sarkozy genera conflicto de intereses, ya que Darmanin supervisa el parquet que debe decidir sobre las apelaciones y la posible libertad del exmandatario.
Entre los demandantes aparecen figuras vinculadas a la izquierda judicial: desde defensores de presos radicalizados hasta activistas anti RN y excandidatos políticos. Estos abogados denuncian la confusión entre la autoridad pública y las amistades políticas, en un momento tenso para la justicia y el Ejecutivo.
No obstante, la defensa de Darmanin sostiene que su visita fue legal, amparada por el artículo 111-1 del Código Penitenciario que lo responsabiliza del servicio público penitenciario. En X (ex-Twitter), el ministro justificó su acción:
“S’assurer de la sécurité d’un ancien président de la République en prison relève de la responsabilité du ministre”
Ahora, la Commission des requêtes de la Cour de justice de la République analizará la denuncia, aunque estas demandas suelen descartarse en la mayoría de los casos.
El caso subraya la creciente oposición de sectores judiciales de izquierda a las políticas de “mano dura” de Darmanin y plantea un choque entre la política y la justicia en Francia.
