El Congreso ha decidido aplazar dos semanas la discusión sobre la reforma legal que obligaría a grandes empresas a atender en lenguas cooficiales. La medida, impulsada por Junts y arrancada al PSOE, formará parte de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela que está en tramitación.
La norma pretende exigir a las compañías que facturen más de 50 millones de euros y tengan más de 250 empleados ofrecer atención en catalán, gallego o vasco, según el territorio, generando rechazo en organizaciones empresariales. La CEOE ha calificado la iniciativa de “barbaridad” y un obstáculo a la libertad de empresa.
Ayer, la ponencia encargada empezó a analizar las más de 200 enmiendas presentadas, pero el debate sobre este punto clave se pospuso para la semana del 8 de octubre por falta de tiempo.
Mientras Junts insiste en la obligatoriedad para todas las empresas que cumplan los criterios económicos y de plantilla, sin importar la sede, la portavoz del PSOE en la comisión, Noelia Cobo, mantuvo que la norma sólo aplicará en regiones con lenguas cooficiales reconocidas en sus Estatutos de Autonomía. “Nuestro partido no irá más allá”, afirmó.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy (Sumar), también respalda esta posición.
El choque entre Junts y PSOE sigue abierto y la postura final dependerá del texto que salga de la ponencia y luego pase al pleno del Congreso, que todavía no tiene fecha firme para resolver esta cuestión.
La reforma reabre el debate sobre la lengua en el ámbito empresarial, un terreno sensible en España, con fuertes críticas por posibles costes y dificultades para las compañías.
