El exministro del Interior Luis Fernando Velasco enfrentará nuevas preguntas tras la declaración de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, que lo sitúa en el centro del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).
Según Benavides, para finales de 2023 Velasco no solo estaba informado sino que presionaba para acelerar la asignación de los llamados “cupos indicativos” dentro de los contratos que involucraban a congresistas. Su interés principal era garantizar un contrato priorizado para el senador Julio Elías Chagüi Flórez, del Partido de la U, quien tenía trato directo con el exministro debido a su pertenencia a la Comisión Primera del Senado.
En una declaración ante la Corte Suprema de Justicia, Benavides recordó una llamada del 5 de diciembre donde Velasco le exigió detalles sobre el avance del proyecto de Chagüi. “Para él eso era una prioridad”, afirmó la exasesora, quien también señaló que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, autorizó el trámite desde septiembre de 2023, justo cuando se daban las autorizaciones para los proyectos que serían presentados por INVÍAS.
El plan incluía reuniones especiales entre Velasco y otras figuras clave como Olmedo López, exdirector de la UNGRD y uno de los implicados en el desfalco, para coordinar la agilización y aprobación de estos contratos.
Benavides explicó que ante el bloqueo de los créditos de la nación en la Comisión Interparlamentaria, Velasco tenía la urgente misión de negociar con los congresistas para destrabar los recursos, en especial para favorecer las iniciativas vinculadas a Chagüi y otros legisladores.
En medio de una grave crisis financiera y política, el exministro mostró interés constante por asegurar la participación de Chagüi, evidenciando un modus operandi para distribuir contratos públicos mediante influencias y negociaciones internas.
Velasco ha negado reiteradamente cualquier implicación en el desvío de recursos, pero la versión de Benavides lo contradice y lo deja en una posición comprometida ante el tribunal.
El caso sigue abierto y la fiscalía ampliará las investigaciones para esclarecer quiénes estuvieron detrás de la canalización irregular de contratos y la compra de apoyos políticos dentro del gobierno.
