La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley para crear «zonas libres de impuestos» destinadas a empresas chinas con el objetivo de atraer inversión extranjera y sortear la presión internacional.
Estas áreas especiales, denominadas oficialmente «Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta», fueron presentadas por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, quienes buscan fomentar la inversión nacional y extranjera, la creación de empleo y el impulso a las exportaciones.
El control de estas zonas quedará en manos de uno de los hijos del matrimonio gobernante, Laureano Ortega, quien dirigirá estos espacios con un régimen fiscal especial. La ley contempla exenciones totales de impuestos a la renta por diez años, así como liberación del IVA, derechos aduaneros y otros gravámenes locales.
Esta maniobra responde a la creciente presión de la administración Trump, que ha impuesto aranceles del 100 % a Nicaragua y suspendió acuerdos comerciales como castigo por las violaciones sistemáticas de derechos humanos denunciadas en el país centroamericano. La medida de Nicaragua y China busca fortalecer la economía nicaragüense mediante relaciones más estrechas con Pekín, evitando así el aislamiento económico promovido desde Washington.
Fuentes internacionales alertan que estas zonas pueden ampliar la influencia china en América Latina mientras Ortega consolida su régimen autoritario con respaldo externo.
La Ley señala que podrán operar bajo este régimen especial personas jurídicas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, lo que abre la puerta para un amplio ingreso de capitales chinos con beneficios fiscales inéditos desde Managua.
Además, esta estrategia refuerza la iniciativa china de la «Franja y la Ruta», su proyecto global para expandir su poder económico y político a través de inversiones y acuerdos comerciales preferenciales.
Con esta aprobación, Nicaragua da un paso clave para esquivar las sanciones occidentales y consolidar una alianza con China, en un contexto donde Estados Unidos acelera su presión económica y diplomática contra el régimen de Ortega.
