La suspensión parcial del Gobierno federal en Estados Unidos deja en jaque a 42 millones de personas que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), incluyendo 10 millones de latinos. El inicio de mes trae incertidumbre sobre si los subsidios esenciales para la alimentación llegarán a tiempo por falta de fondos.
El Departamento de Agricultura ordenó a los estados no usar fondos federales para SNAP a partir de hoy debido al shutdown. Dos jueces federales ordenaron el viernes que se usen fondos de emergencia para mantener la asistencia, pero el gobierno republicano no confirmó si continuará la entrega.
El presidente Donald Trump declaró en la plataforma Truth que la ayuda se pagará solo si cuenta con “directrices legales” del poder judicial, advirtiendo sobre posibles retrasos. El monto promedio por familia es de 332 dólares, una cifra vital para los sectores más vulnerables.
California, Texas y Florida concentran la mayor cantidad de beneficiarios. En Florida, bancos de alimentos como Feeding South Florida reportan que la demanda se duplicó desde octubre. Su presidente, Paco Vélez, describe un ambiente de “decaimiento y ansiedad” entre quienes acuden en busca de ayuda.
“La gente está muy decaída, deprimida y con el ánimo por los suelos”, dijo Vélez a EFE.
En Texas, la organización Hill Country Community Services asegura que las consultas aumentaron un 50% en últimos días. Su directora, Kandy Chimento, alertó sobre un posible efecto dominó: sin SNAP, las familias usarán su dinero para comida y podrían enfrentar desalojos.
En California, 5,5 millones dependen de la ayuda y podrían quedarse sin subsidios en noviembre. Ana Lilia García, madre soltera beneficiaria, dijo a EFE: “No sé qué vamos a hacer”. Reciben cerca de 600 dólares mensuales, imprescindible para sostener su hogar.
Organizaciones sociales amplían la capacidad de sus despensas para hacer frente a la crisis. La incertidumbre crece en miles de hogares que ya enfrentan inflación alta y precios elevados en alimentos mientras los salarios permanecen bajos.
El cierre del gobierno y la falta de acuerdo presupuestario ponen en pausa un programa fundamental para millones que hoy arriesgan perder el acceso a alimentos básicos.
