Cuatro magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) viajaron el 17 de julio a Nueva York con fondos públicos para hacer lobby ante el Consejo de Seguridad de la ONU. La misión: evitar que el organismo excluyera la verificación de las sanciones de la JEP en Colombia. Pero el intento fracasó.
La comitiva, encabezada por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, junto a los magistrados Julieta Lemaitre, Juan Ramón Martínez y el auxiliar Fabián Camilo Martínez, gastó más de $33 millones de pesos del presupuesto nacional en pasajes, viáticos y desplazamientos sin apoyo internacional alguno.
En la sesión del Consejo de Seguridad, que se realizó esta semana, bajo presión directa de Estados Unidos, se tomó la decisión de aprobar una resolución que excluye expresamente la verificación de las sanciones de la JEP del mandato de la misión de la ONU en Colombia. Esto deja sin respaldo internacional la supervisión de la justicia transicional colombiana.
Esta resolución representa un duro revés. Según fuentes diplomáticas consultadas, “la ONU no puede legitimar un modelo de justicia que no sanciona”. La JEP, que a siete años de su creación aún no tiene sentencias ejecutoriadas, enfrenta críticas por su debilidad en la justicia restaurativa y falta de presupuesto para acciones comunitarias.
El viaje, autorizado por el mismo presidente Ramelli y financiado con recursos públicos, reavivó la discusión sobre la legitimidad de que los magistrados de un tribunal judicial realicen funciones diplomáticas y políticas.
En 2024, otro episodio polémico ya había cuestionado los gastos de la JEP cuando varios magistrados fueron captados en un evento “académico” en Palomino, La Guajira, en hoteles de lujo con gastos igualmente pagados por el Estado.
La decisión del Consejo de Seguridad no solo afecta la JEP sino que también debilita la narrativa del Gobierno de Gustavo Petro sobre la “Paz Total” como un modelo reconocido internacionalmente. Sin la verificación de la ONU, la justicia transicional pierde un observador clave para garantizar el cumplimiento real de las sanciones y la participación efectiva de las víctimas.
Al regresar de Nueva York, los magistrados de la JEP enfrentan el duro resultado de un lobby fallido que terminó minando la legitimidad internacional de su misión y dejando en entredicho el uso de recursos públicos en actividades extrajurisdiccionales.
