El Gobierno nacional implementa desde este sábado 1° de noviembre un plan para desregular el mercado eléctrico, en cumplimiento con compromisos asumidos ante el FMI. La medida combina un nuevo recorte de subsidios y cambios estructurales en la generación, distribución y comercialización de energía en Argentina.
Según el nuevo esquema, los hogares cubren un 67% del costo mayorista de la electricidad, frente al 44% de 2024. Los usuarios de ingresos altos pagarán tarifa plena, los de ingresos medios el 67% y los de bajos ingresos el 43%. Se eliminan la mayoría de los subsidios salvo en “zonas frías”.
María Tettamanti, secretaria de Energía, dejó claro que la reforma depende estrictamente de la estabilidad macroeconómica y advirtió:
“sin disciplina fiscal y cambiaria no hay política pública que funcione.”
La Resolución 400/2025 formaliza la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) e introduce un sistema de precios marginales para eliminar distorsiones por la intervención estatal. También se creará un mercado a término para que generadores, distribuidoras y grandes usuarios puedan negociar contratos directamente.
Cada generador térmico deberá proveerse por sí mismo, mientras que Cammesa seguirá como despachante y proveedor de última instancia. En el sector gas, se respetarán contratos vigentes hasta 2028, pero se avanza hacia un mercado competitivo y con mayor participación privada.
El sector privado coincide en que la competencia puede mejorar precios a mediano plazo, pero alerta que habrá una transición con costos más altos. Además, se lanzará una licitación por $1.100 millones para ampliar la red de transmisión eléctrica, especialmente en el AMBA, financiada con capital privado y recuperada vía tarifas.
Funcionarios y empresas advierten que el verano próximo será complicado en términos de oferta y demanda. Para evitar cortes, el Gobierno planifica incentivos para que grandes usuarios bajen su consumo en picos o aporten energía con generadores propios.
La “normalización” de la tarifa eléctrica marca un cambio profundo tras años de permanentes subsidios costosos para el Estado. Ahora el principal objetivo es reducir el gasto fiscal y avanzar hacia un sistema competitivo con precios más acordes al mercado.
