La Sala I de la Cámara Federal porteña dio luz verde este jueves para que comience el juicio en ausencia contra siete iraníes y tres libaneses acusados de ser los autores del atentado contra la AMIA en 1994.
Con un voto mayormente firme de Mariano Llorens y otro más mesurado de Martín Irurzun, la cámara autorizó al juez Daniel Rafecas a analizar la acusación del fiscal Sebastián Basso, que deberá pedir los procesamientos. Habrá respuesta de la defensa oficial y luego se decidirá si procesan o no. Lo más probable es que en 2026 el expediente se eleve a juicio oral sin la presencia de los imputados.
Entre los acusados figuran altos funcionarios iraníes como Ali Fallahijan, Ali Akbar Velayati, Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi, señalados por supuestamente haber decidido el ataque en una reunión en Mashhad en 1993. También hay un exembajador iraní en Argentina y el ex agregado cultural Mohsen Rabbani, considerado clave por la fiscalía. Los tres libaneses son Salman Rauf Salman o Salman El Reda y su hermano Abdallah Salman, y el empresario libanés-paraguayo Hussein Mounir Mouzannar.
No obstante, no existen pruebas sólidas en el expediente para dar con certeza quién compró la camioneta bomba, quién fue el conductor suicida ni cuál fue la trama criminal detrás del atentado que dejó 85 muertos. La base del caso son informes de inteligencia extranjeros – principalmente CIA y Mossad – y testimonios cuestionados. Por eso, la mayoría de las agrupaciones de víctimas se oponen al juicio en ausencia y creen que el proceso apunta a un cierre político más que judicial.
La oposición al juicio fue encabezada por el defensor oficial Hernán Silva, mientras que la DAIA y una agrupación de familiares cercana a su dirigencia impulsaron el proceso. Llorens e Irurzun sostienen que la nueva ley aprobada este año permite juzgar a sospechosos que evaden la justicia desde hace más de 30 años y defienden el derecho a la verdad de las familias.
Los jueces ordenaron que se notifique a los acusados por Interpol, vía diplomática y publicaciones oficiales para demostrar que el juicio se intenta llevar adelante con garantías, aunque sin la presencia física de los imputados.
Hasta hoy, ni siquiera se sabe con certeza si algunos de los acusados libaneses están vivos. En la provincia judicial porteña, la tradición señala que el juicio sin los acusados es excepcional y controvertido, ya que limita la defensa. Pero los camaristas consideraron que el contexto de lesa humanidad y la impunidad prolongada justifican la medida.
El fiscal Basso debe presentar sus pedidos de procesamiento, que serán respondidos por la defensa oficial, además de las querellas de familiares y la DAIA. Rafecas definirá el destino procesal en los próximos meses, con la vista puesta en el posible juicio oral para 2026 si la Corte Suprema no frena el proceso con un recurso pendiente.
El caso AMIA vuelve a judicializarse plenamente, con claros riesgos políticos y jurídicos. Sin embargo, lleva más de tres décadas en la mira sin avances reales para identificar a los responsables materiales e intelectuales del atentado terrorista que marcó a toda Argentina.
