El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, negó hoy ante el Tribunal Supremo haber filtrado información confidencial sobre el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El juicio, histórico y sin precedentes, lo acusa de un presunto delito de revelación de secretos que puede costarle hasta seis años de prisión y 400.000 euros en indemnización.
Con toga y escoltado por abogados del Estado, García Ortiz abrió la vista oral con una negativa rotunda ante el magistrado Andrés Martínez Arrieta:
“¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?” — “No.”
La acusación se basa en un correo electrónico confidencial remitido el 2 de febrero de 2024 por el abogado Carlos Neira a la Fiscalía, que proponía un acuerdo de conformidad para que Alberto González Amador reconociera dos delitos fiscales y evitara la cárcel.
La Fiscalía sostiene que García Ortiz facilitó esta información a la Cadena SER, lo que precipitó la apertura del caso. Más de 40 testigos declararán durante el juicio, incluyendo fiscales, periodistas y agentes de la Guardia Civil, reflejo de la importancia institucional del proceso. La causa se prevé extender hasta el 13 de noviembre y ha acaparado la atención de 59 medios nacionales e internacionales acreditados.
En la primera jornada declararon testigos clave como Julián Salto, fiscal que investigó a González Amador y remitió la cadena de correos; Pilar Rodríguez, jefa de Fiscalía Provincial de Madrid eximida del juicio; y Almudena Lastra, jefa de Fiscalía Superior de Madrid, quien confirmó haber preguntado directamente a García Ortiz sobre la filtración, recibiendo la respuesta:
“Eso no importa ahora”.
Por la tarde, responsables de comunicación de la Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid aclararon cómo se elaboró y difundió la nota de prensa del 14 de marzo de 2024 que desencadenó el proceso.
García Ortiz llegó al Supremo sobre las 9:40 horas en coche oficial, recibiendo aplausos de fiscales afines. Sin embargo, el ambiente político es tenso. El Partido Popular ha declarado que García Ortiz “jamás debió ser nombrado” y exige su dimisión inmediata. Este juicio agrava aún más la confrontación entre el Gobierno central de Pedro Sánchez y la Comunidad de Madrid, poniendo en jaque la credibilidad e independencia del Ministerio Público.
Esta causa representa un antes y un después en la historia judicial española: es la primera vez que el máximo representante del Ministerio Público se sienta en el banquillo en pleno ejercicio de sus funciones. La fiscalía y el Poder Judicial están bajo un escrutinio sin precedentes mientras se desarrolla este proceso que desafía las líneas entre la política y la justicia.
