El senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, denunció una amenaza de muerte directa tras liderar una proposición en el Senado para declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista. El mensaje llegó vía WhatsApp el pasado domingo 21 de septiembre a las 7:06 p.m., con lenguaje violento que incluyó amenazas contra su vida y la de su familia.
El texto advertía:
“Le matamos hasta el perro que tiene en su casa cabrón antes que se meta con alguno de nosotros”
y fue enviado desde un número desconocido que no figura en los contactos del congresista, dijo el propio Chacón.
La amenaza ha generado preocupación en el Congreso y el Gobierno Nacional. El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el caso está en manos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y que esta semana reforzarán la seguridad del senador desde el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE).
La Procuraduría General de la Nación también se pronunció, exigiendo mayores garantías para Chacón y otros líderes políticos expuestos a riesgos similares durante este periodo electoral.
Alejandro Chacón, oriundo de Cúcuta y parte de la Comisión Primera del Senado, ha denunciado públicamente la supuesta infiltración de grupos ilegales como el Cartel de los Soles, señalando que han comenzado a influir en alcaldías y estructuras de poder local.
La proposición para catalogar a este cartel como grupo terrorista ha elevado la tensión y aumentado el riesgo para el senador y su entorno directo.
Otros senadores mostraron respaldo inmediato. El liberal Jaime Durán condenó las amenazas y pidió protección:
“Rechazamos y condenamos las amenazas contra el senador Alejandro Carlos Chacón Camargo, recibidas vía WhatsApp y que incluyen a su familia”.
Por su parte, el conservador Nicolás Echeverry sostuvo:
“Ningún líder político en Colombia debe temer por su vida. Exigimos a la UNP garantías reales de seguridad para todos. La democracia se defiende protegiendo a quienes la representan”.
Este caso revive el debate sobre la seguridad de los líderes políticos en Colombia, donde las amenazas contra dirigentes se han incrementado en el contexto electoral. Las autoridades investigan si existe un vínculo directo entre las denuncias del congresista y las intimidaciones recibidas.
