Galina Manders alquiló su casa familiar en Bolton, Manchester, para obtener ingresos extra tras mudarse en 2018, pero no imaginó la pesadilla que vendría con sus últimos inquilinos.
En marzo de 2022, entró un nuevo inquilino a través de una agencia, que según Manders, ocultó datos por protección GDPR y no permitió visitas frecuentes al inmueble. Seis meses después, la casera solo pudo comprobar un “desorden leve” pero en 2023 pidió una inspección profesional para valorar la propiedad.
Los resultados confirmaron su peor temor: viviendas llenas de basura hasta las rodillas, baños bloqueados, infestación de ratas, moho y paredes destrozadas. La situación era tan grave que el surveyor ni siquiera pudo acceder a las habitaciones superiores.
Manders intentó comunicarse con los inquilinos para exigir limpieza, pero recibió abusos por WhatsApp y bloqueó los mensajes.
En enero de 2024, presentó una orden de desalojo bajo la sección 21 de la 1988 Housing Act, que permite desalojos sin causa, pero los inquilinos se negaron a salir hasta que, tras meses de retrasos y abuso legal, ella tuvo que llamar a los bailiffs en marzo de 2025.
Tras recuperar la propiedad, la casera contabilizó daños por £60,000, de los cuales tuvo que pagar £40,000 de su bolsillo con una segunda hipoteca. La reparación está todavía en curso.
“Tuve que restituir la hipoteca y limpiar el olor durante meses, los fontaneros entraron con trajes hazmat,” dijo Manders.
La experiencia ha dejado a Galina decidida a no arrendar nunca más su vivienda. Considera que las nuevas reglas en discusión en el Parlamento británico, como el Renters’ Rights Bill, que abolirían desalojos sin causa, favorecerán aún más a inquilinos problemáticos y acabarán perjudicando a los propietarios.
Entre 2018 y 2022, Galina tuvo dos grupos de inquilinos previos con “problemas mínimos” pero esta última experiencia la ha roto.
Este caso expone los desafíos legales y financieros para muchos pequeños propietarios en Reino Unido, que enfrentan leyes diseñadas para proteger a los inquilinos pero que pueden ser explotadas para causar daños, con pocas herramientas para los dueños de vivienda.
La batalla de Manders por recuperar su casa y reparar los daños se prolongó más de dos años y terminó con pérdidas económicas y un sentimiento de vulnerabilidad ante inquilinos difíciles.
