Las billeteras virtuales en Argentina enfrentan una pesada carga fiscal en varias provincias que amenaza con frenar su crecimiento y encarecer los servicios para usuarios y PyMEs. Según un informe de la Cámara Argentina Fintech (CAF), el impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) que pagan estas empresas fintech llega a promediar un 6,4%, mucho más alto que el 3% a 5% que se cobra en otros sectores como Comercio o Servicios.
La presión impositiva es desigual en el mapa nacional. Tierra del Fuego mantiene la tasa más baja para fintech con un 3,5%, pero provincias como La Pampa y Santa Fe llegan al 9%, seguidas por Jujuy con 8% y un grupo que incluye a Buenos Aires, Córdoba y Neuquén con tasas habituales de 7%.
Este esquema se complica con regímenes fiscales específicos para fintech en algunas provincias. En Córdoba, por ejemplo, el impuesto de operaciones de crédito es del 7% y del 5% para pagos digitales, pero se castiga con un 80% adicional sobre esa base, haciendo que la carga efectiva llegue a casi el 9%. Jujuy aplica un 8% fijo para plataformas digitales que procesan pagos y Santa Fe grava con 9%, aunque ofrece rebajas para pequeños comercios.
“La estructura tributaria actual limita el desarrollo de la economía digital y afecta tanto a empresas como a usuarios”, dijo Mario López, presidente de la Cámara Argentina Fintech.
El estudio advierte que estas altas tasas elevan el costo de uso de billeteras y financiamiento digital, encarecen las tasas de interés y desalientan la adopción de medios electrónicos. El impacto es especialmente fuerte para PyMEs y emprendedores que buscan formalizarse y usar crédito digital.
La CAF propone tres acciones para aliviar la presión: reducir y unificar las alícuotas vigentes, crear un régimen nacional acordado para evitar disparidad fiscal entre provincias y simplificar el marco regulatorio. Según el informe, cada punto porcentual de reducción en IIBB podría traducirse en menores costos para usuarios y amortiguar la brecha de inclusión financiera en Argentina.
El sector fintech pide al gobierno y a las provincias abordar la presión tributaria para que la digitalización de pagos y créditos siga avanzando sin frenos, beneficiando a todo el país.
