El juez de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha decidido transformar la investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, en un juicio con jurado por presunta malversación de fondos públicos.
El magistrado ha citado este sábado 27 de septiembre a las 18:00 horas en los juzgados a Gómez, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, para que comparezcan según la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. En esa sesión, las acusaciones deberán exponer los hechos que imputan.
La causa está ligada a la contratación cuestionada de Álvarez como asesora de Presidencia y a supuestas funciones privadas que habría desempeñado para Gómez usando dinero público. Inicialmente, el juez no admitió la querella presentada por Vox, pero tras las declaraciones y pruebas aportadas —incluidos correos electrónicos del exvicerrector Juan Carlos Doadrio y testimonios, entre ellos el del ministro de Presidencia, Félix Bolaños— modificó su posición.
Peinado subraya en el auto que ni Gómez ni Álvarez respondieron a las preguntas del juez ni de las acusaciones o fiscal el 10 de septiembre. Solo Gómez contestó a su defensa, pero sus respuestas “no pueden ser tenidas en cuenta en sentido exculpatorio”.
“De las pruebas y correos presentados se deducen indicios racionales y sólidos delictivos en la contratación de Álvarez”, señala el juez.
Gómez había defendido que Álvarez solo hacía labores logísticas y de organización, además de acompañarla en actos oficiales, y alegó que la contratación fue basada en amistad y méritos profesionales, negando cualquier mal uso de fondos.
La investigación arrancó en abril tras una denuncia de Manos Limpias que acusaba a Gómez de influir en empresarios para acceder a licitaciones públicas. Desde entonces, el juez ha abierto varias líneas de investigación, también por supuestas irregularidades en la Universidad Complutense de Madrid, donde Gómez dirigía una cátedra.
Además del delito de malversación, Gómez está bajo sospecha por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca.
Actualmente, la Audiencia Provincial de Madrid tiene ocho recursos pendientes relacionados con esta causa, con fechas de deliberación previstas para finales de septiembre y principios de octubre.
