El Gobierno se declaró en estado de estupefacción tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio por malversación a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, junto a su asistente y al delegado del Gobierno en Madrid.
Fuentes de Moncloa denunciaron un “acoso” y calificaron la medida como “tremenda”, cuestionando la rapidez e inmediatez del procedimiento sin un análisis profundo del auto. Pese a que la instrucción aún no ha terminado, el juez ya impulsa juicio con jurado popular, una figura inusual para este tipo de casos.
Un ministro del núcleo duro socialista criticó directamente al juez, evidenciando que el caso presenta contradicciones legales, ya que el Tribunal Supremo ya había dictaminado que no existe malversación. Además, cuestionó la validez de los correos electrónicos presentados como prueba, alegando que no encajan con el delito imputado.
El auto judicial se basa en comunicaciones electrónicas aportadas por Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, relacionadas con la cátedra de Transformación Social Competitiva que Gómez codirigía. Según el juez, estos correos cumplen con el requisito de “verosimilitud” para sostener indicios sólidos.
La reacción pública del Gobierno fue rápida. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ironizó que la instrucción servirá de “caso de estudio” en las facultades de Derecho. La portavoz, Pilar Alegría, calificó la situación como “surrealista” y dijo que “se explica por sí sola”. Desde el Ejecutivo ven una intención política en la decisión del juez, cuyo auto coincide con una rueda de prensa de Sánchez en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU.
En el Partido Socialista se reforzó la tesis de una “guerra sucia judicial” contra el presidente. Fuentes del PSOE denunciaron que en menos de 48 horas se ordenó juicio oral contra personas cuyo único “delito” es su vínculo familiar con el presidente. Aseguran que “el ‘Caso Peinado’ quedará como un ejemplo negativo en la historia judicial española”.
La sombra de la prevaricación ya pesa sobre Peinado dentro del Gobierno, que espera que el Consejo General del Poder Judicial actúe para detener lo que consideran un desprestigio para la justicia.
Hasta ahora, la investigación inicia a raíz de una denuncia impulsada por un grupo ultra, calificada por el PSOE como “bulo” desde el principio. La instrucción se mantiene en curso, pero la decisión del juez de avanzar rápido a juicio genera polémica y tensiones entre poderes.
