Un año después de la devastadora DANA que azotó L’Horta Sud y Valencia, los supervivientes dejaron claro en el Congreso que se sintieron abandonados por las autoridades. “Estábamos solos”, dijo Cristian Lesaec, presidente de la Asociación de Damnificados, al relatar ante diputados la ausencia total de policías, bomberos o militares durante las 72 horas siguientes a la catástrofe.
Lesaec no pidió indemnizaciones ni buscar culpables. Exigió una respuesta real y comprometida: un pacto de Estado para evitar que otra riada similar deje a más ciudadanos desprotegidos. Denunció la falta absoluta de coordinación entre administraciones locales, autonómicas y estatales.
Alejandro Carabal, bombero voluntario, contó cómo durante cinco días ayudó a rescatar vecinos atrapados sin apoyo institucional. “No vimos ni un hospital de campaña ni presencia militar, mientras comenzaron saqueos sin control”, denunció. Carabal resaltó la cercanía de Valencia – a solo siete minutos – y criticó que esa proximidad no se tradujera en una respuesta rápida.
El testimonio más duro vino de la exagente local Verónica Vicent, retirada por lesión medular, que recordó entre lágrimas la impotencia de no poder salvar a una niña arrastrada por la corriente. “Un mensaje de alerta solo diez minutos antes hubiera salvado vidas”, aseguró. Vicent subrayó que los protocolos estaban, pero no se activaron a tiempo. Se sintió defraudada por quienes debían protegerla.
La comisión de investigación que abrió el Congreso puso sobre la mesa la otra catástrofe, la institucional. El desastre no solo se midió en litros de agua o daños materiales, sino en la falta de respuesta y el abandono de cientos de personas. Ni los cuerpos de emergencia de Valencia fueron activados de inmediato ni se desplegó el apoyo necesario días después.
La sesión, cargada de emoción, también tuvo momentos de tensión política. Mientras varias fuerzas apoyaron a los afectados, el debate derivó en discusiones sobre competencias y responsabilidades autonómicas, diluyendo responsabilidades.
Tras los testimonios, Lesaec lanzó una advertencia clara: “Esto puede pasar también en Cataluña, Murcia, Baleares o Andalucía. No es un problema solo local.” Pidió convertir la tragedia en una lección nacional y actuar con urgencia para que no se repita.
El desafío ahora es moral y político. Las víctimas han hablado, las instituciones deben cumplir con su deber y trabajar en un sistema de emergencias eficaz y coordinado que proteja a la población frente a futuros desastres naturales.
