El gobierno islamo-conservador de Turquía impulsa un proyecto de ley para penalizar “comportamientos contrarios al sexo biológico y a la moral general” que apunta directamente a personas LGBT+. El texto prevé entre uno y tres años de prisión por meras razones de identidad o promoción LGBT+, según denuncian activistas en Estambul.
Además, la iniciativa eleva la edad mínima para cirugías de transición de 18 a 25 años y restringe el acceso a cuidados médicos relacionados. La ley, que será presentada ante el parlamento antes de fin de año, profundiza la campaña del presidente Recep Tayyip Erdogan que catalogó a la comunidad LGBT+ como una “ideología importada” y una “amenaza” para los valores turcos y la familia tradicional.
Florence Konstantina Delight, artista drag y DJ de Estambul, describe la ley como una amenaza directa a su existencia y a la de toda la comunidad.
“Si esta ley pasa, algunos se suicidarán. Juegan con nuestras vidas”,
dice mientras se prepara para actuar en uno de los pocos clubes que aún resisten cerraduras policiales.
Desde 2015, las marchas del orgullo son regularmente prohibidas y reprimidas. En el último mes, varias redadas nocturnas cerraron bares y discotecas emblemáticos de la escena LGBT+ en Estambul, complicando aún más la vida social y cultural de este grupo.
Irem Gerkus, activista de derechos humanos, advierte que la ley usa conceptos redactados de forma vaga como “sexo biológico” y “moral pública” para reprimir cualquier visibilidad en el espacio público. La ONG SPOD, liderada por Ogulcan Yediveren, sostiene que el proyecto forma parte de una política estatal para erradicar la presencia LGBT+ en la vida cotidiana.
Human Rights Watch ha denunciado que la ley viola la dignidad humana y derechos fundamentales y exigió que sea retirada. Las organizaciones intentaron manifestarse en Estambul este octubre, pero la policía bloqueó todas las protestas.
Aunque la homosexualidad no es ilegal en Turquía desde 1858, la persecución social y la hostilidad política se han exacerbado bajo el partido AKP en el poder desde 2002. El gobierno ha intensificado los discursos de odio y la represión directa en los últimos años, dejando una comunidad acosada, con espacios limitados y una creciente exiliación de jóvenes activistas.
Florence reconoce que muchos amigos ya huyeron y admite que está considerando irse definitivamente. “Antes actuaba cada semana, ahora casi no salgo por miedo y por las amenazas”, subraya, mientras escapa por las calles de Taksim con dos amigos que lo protegen ante posibles agresiones.
La ley turca plantea ahora un giro represivo que convierte la identidad y expresión de género en un delito que puede conllevar cárcel y exclusión social generalizada.
