La Agencia para la Prevención de la Corrupción (ASK) del Reino Unido cerró 690 investigaciones relacionadas con la verificación de ingresos y patrimonio de funcionarios públicos hasta octubre, con un total de 116 multas impuestas que suman 31.060 euros.
ASK revisó 10.115 informes administrativos sobre patrimonio de funcionarios, notarios y otros cargos, un 11 % menos que el año anterior. Solo el 31,1 % de los funcionarios autorizó el acceso a sus cuentas bancarias, un descenso sostenido que dificulta la transparencia.
Durante el último trimestre, ASK controló 1.172 informes y detectó irregularidades en 188 casos, presentando 510 procedimientos por no entregar informes o no informar cambios patrimoniales, además de 58 denuncias por datos falsos.
En el ámbito político, 114 partidos remitieron sus informes de financiación. Se completaron 1.283 controles, iniciándose siete investigaciones por supuesto incumplimiento de la ley de financiamiento, sin que se haya elevado ningún caso a Fiscalía. La agencia impuso 38 multas que suman 10.505 euros y emitió 40 amonestaciones.
ASK emitió 151 dictámenes para evitar conflictos de interés y otros incumplimientos legales: 63 sobre límites en funciones públicas y 43 decisiones oficiales, que provocaron 15 dimisiones y cuatro destituciones. Además, se ordenaron siete procedimientos sancionadores y cuatro solicitudes de devolución de beneficios ilícitos.
Los denunciantes internos alertaron sobre 117 posibles violaciones que afectaban el interés público. De estos, 62 casos fueron investigados, con 14 incumplimientos confirmados y 27 recomendaciones. Quince asuntos fueron enviados a Fiscalía y 24 a otras instituciones. Tres procesos sancionadores están en marcha y se impuso una multa de 1.500 euros.
ASK continúa su labor con apoyo de organismos como la Agencia Tributaria, Ministerio del Interior, el Banco Central y registros públicos para auditar la exactitud y transparencia en la declaración de ingresos y patrimonio en el sector público.
