El Gobierno avanza para aprobar antes de fin de año una reforma laboral que ya genera alarma en abogados laboralistas por posibles violaciones a la Constitución Nacional. El proyecto, impulsado tras la victoria oficialista en las elecciones de octubre, incluye cambios polémicos como extender la jornada laboral de 8 a 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas y la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos.
Expertos consultados por iProfesional señalan que la propuesta contradice derechos protegidos por el artículo 14 bis de la Constitución, que establece límites claros a la jornada de trabajo y garantiza ciertas condiciones laborales. La ley vigente, la 20.744, limita la jornada a 8 horas diarias o 48 semanales, y fija descansos obligatorios. Cualquier modificación que amplíe estas horas podría ser considerada inconstitucional.
Además, la reforma permitiría que las pymes paguen indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales, con un tope máximo de 10 sueldos en casos de despidos sin causa, sin importar la antigüedad del trabajador. Esta medida choca con la normativa actual que estipula un mes de sueldo por año trabajado sin límite y exige pagos íntegros inmediatos.
Especialistas advierten que pagar en cuotas vulnera derechos básicos recogidos no solo en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) sino en el Código Civil y Comercial. “El pago debe ser íntegro y en tiempo”, alertan, y agregan que limitar indemnizaciones reduce la protección al trabajador y atenta contra la propiedad garantizada constitucionalmente.
Otro cambio en la mira es la eliminación de la ultraactividad, es decir, la prórroga automática de los convenios colectivos hasta que se acuerde uno nuevo. Los sindicatos advierten que esto afecta la negociación colectiva y la estabilidad gremial, garantizadas por el artículo 14 bis y el artículo 75 inciso 22 de la Constitución, y que podría generar conflictos legales y una crisis en la paz social laboral respaldada también por la OIT.
En paralelo, la reforma oficial propone implementar un “banco de horas extras” donde el trabajador puede acumular horas para luego usarlas como descanso, pero a cambio perdería el recargo salarial actual (50% extra en días comunes y 100% en feriados o fines de semana). Los expertos alertan que esta medida perjudica al trabajador, ya que el pago extra por horas extras está protegido por ley.
También resurge la idea de reintroducir los “tickets canasta”, vales para comida que se entregan fuera del salario y que no computan para indemnizaciones ni aportes. Estas prácticas, asociadas a la precarización laboral de los 90, fueron prohibidas en 2007 y la Corte Suprema ya definió su carácter salarial en 2009. La posible vuelta generó rechazo entre los gremios y abogados por el riesgo de abrir nuevos litigios.
Con las sesiones extraordinarias convocadas para diciembre, el oficialismo busca darle buen ritmo a la reforma pero ya se preparan demandas judiciales porque varios puntos violarían los derechos laborales y garantías constitucionales clave. En los tribunales y despachos especializados analizan cómo impugnar la norma si se aprueba en los términos actuales.
El debate promete ser intenso tanto en el Congreso como en la Justicia. Mientras el Gobierno argumenta que busca modernizar el mercado laboral y proteger a las pymes de juicios millonarios, los sindicatos y expertos reclaman respeto a los derechos adquiridos y alertan sobre un retroceso en protecciones históricas para trabajadores argentinos.
