La Fiscalía General difundió esta semana un correo polémico atribuido a González Amador que ha generado un fuerte revuelo en el ámbito judicial y político en Madrid.
La rápida difusión del mensaje ha sido calificada por expertos como “totalmente inusual e impropia”, aunque aclaran que no necesariamente significa un delito. El problema reside en la delgada línea que separa lo impropio de lo ilegal, sobre la que se pueden hacer diversas interpretaciones técnicas.
En la instrucción del caso la actuación ha llamado la atención por su severidad. La invasión “manu militari” de una Fiscalía general fue considerada una ruptura grave del principio de proporcionalidad. A pesar de esto, fuentes cercanas aseguran que este despliegue fue consentido, al menos en parte, por el Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra.
El contexto político es clave para entender lo que ocurre. La causa ha levantado un fuerte frente que involucra a fiscales, abogados, políticos, altos funcionarios y medios de comunicación. Según analistas, esto se ha convertido en una “caza” contra el Fiscal General, en el marco de una cruzada marcada como antisanchista, que cobra fuerza en momentos delicados para el gobierno de Sánchez.
La polémica suma presión sobre las instituciones judiciales y políticas en un momento de alta sensibilidad. El caso mantiene abierta la pugna entre poderes y genera incertidumbre sobre el futuro del sistema de fiscalías en España.
