El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su sorpresa y rechazo a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de proponer un jurado popular para el juicio contra Begoña Gómez, investigada por supuesto delito de malversación.
La medida, que no implica aún el inicio del juicio oral porque hay recursos pendientes ante la Audiencia Provincial de Madrid, ha generado numerosas críticas. El proceso principal investiga además delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.
García-Page, abogado de formación, calificó la propuesta del jurado popular como “extraña” y “estrambótica”. En rueda de prensa en Toledo, aseguró que “si este asunto se dirime con jurado popular, se traduce más en un juicio político que legal”. Advirtió que la naturaleza del caso no encaja con este tipo de procedimiento y que la decisión puede generar una percepción pública sesgada.
“Cuando la persona investigada tiene alta relevancia política es inevitable que se genere un sesgo político en el juicio”
El dirigente socialista defendió la solvencia del sistema judicial y rechazó las acusaciones de politización que lanzó el presidente Pedro Sánchez recientemente, al señalar que “decir que los jueces hacen política es acusarles de prevaricar”. Sin embargo, subrayó que los casos con alta repercusión política son utilizados como “campo de batalla política” y criticó que ese tipo de ataques no se aplican cuando se juzga a ciudadanos comunes.
En este caso, la apertura del juicio oral aún está pendiente de resolución judicial, y la estrategia del juez Peinado ha abierto un nuevo frente en un proceso que ya está bajo lupa por su vinculación directa con la esposa del presidente regional.
Por ahora, la propuesta del jurado popular puede ser revocada por la Audiencia, aunque ya ha encendido un debate intenso sobre la justicia y la influencia política en procesos de alta sensibilidad en España.
