Esta mañana, el Gobierno Nacional reconoció oficialmente su responsabilidad en los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica, un movimiento político blanco de una cruel campaña de exterminio durante las últimas décadas.
Según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 5.733 personas vinculadas al partido fueron asesinadas o desaparecidas en tácticas de violencia sistemática que marcaron uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano.
El acto público se realizó en Santa Marta y estuvo encabezado por el presidente Gustavo Petro, quien expidió disculpas públicas en nombre del Estado. Participaron también autoridades y representantes de la Agencia Jurídica del Estado.
La ceremonia se enmarca en el cumplimiento de 19 medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que buscan la reparación integral, la restitución de derechos, la dignificación de las víctimas y la garantía de no repetición.
“Este acto reafirma el compromiso institucional con la verdad, la reparacion integral de las víctimas y las garantías de no repetición, pilares esenciales del Estado en derechos humanos”, afirmó César Palomino Cortés, director de la Agencia Jurídica del Estado.
Las acciones ordenadas se dividen en medidas de memoria, justicia, salud, protección y compensación económica. Algunas ya están en ejecución, otras avanzan en proceso de concertación con las víctimas y sus familias.
Este reconocimiento revive la memoria de una tragedia que llevó al exterminio sistemático de dirigentes, militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica, cuyo legado político buscaba una apertura democrática por la vía civil y pacífica.
La confesión oficial del gobierno se presenta como un paso clave para cerrar heridas y garantizar que hechos así no se repitan, aunque la expectativa ahora está puesta en el avance concreto de las reparaciones y el acceso a justicia real para las víctimas.
