El Cauca enfrenta apagones constantes y un servicio eléctrico deficiente a cargo de la Compañía Energética de Occidente (CEO), empresa controlada por el grupo financiero de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Durante décadas, usuarios han soportado interrupciones, fluctuaciones de voltaje y lentitud en la atención a emergencias.
La situación no es accidental. Nace de un modelo económico que desde la apertura neoliberal de los años 90, con la Constitución de 1991 y bajo el gobierno de César Gaviria, entregó los servicios públicos domiciliarios a manos privadas con la promesa de eficiencia. Sin embargo, el Cauca, una región históricamente pobre, ha visto cómo la rentabilidad se impone sobre inversiones en infraestructura y calidad.
La privatización se reforzó durante casi 20 años bajo la influencia política del llamado modelo uribista, que convirtió servicios clave como la energía en una mercancía. Activistas sindicales y sociales advirtieron desde el inicio que una empresa privada enfocada en ganancias no garantizaría cobertura ni calidad, menos en zonas vulnerables como el Cauca.
Hoy, la CEO replica el modelo tradicional: prioriza la rentabilidad financiera y desatiende las demandas urgentes de la comunidad. Los apagones frecuentes y la infraestructura deteriorada son el resultado directo de esta política. La gestión deficiente ha paralizado la modernización y la reparación necesaria para un servicio digno.
La población caucana ha recurrido a sus representantes políticos regionales, pero la respuesta ha sido insuficiente. La clase política local, muchas veces envuelta en clientelismos y redes de favores, no ha ejercido control ni exigido mejoras reales a la CEO. La corrupción se refleja en contratos eternizados y nombramientos por compromiso político, lo que perpetúa la crisis eléctrica.
Propuestas y demandas de la comunidad
Organizaciones sociales, juntas de acción comunal, sindicatos y comunidades indígenas y afrodescendientes plantean la necesidad urgente de un movimiento unido que exija al Gobierno Nacional una intervención directa. Proponen acciones legales colectivas, tutelas, quejas ante la Superintendencia de Servicios Públicos y la CREG, y movilizaciones pacíficas que visibilicen el problema.
Entre las demandas concretas está la obligación para la CEO de invertir en infraestructura, reparar daños y compensar a los usuarios afectados. También se plantea evaluar la posibilidad de revocar la concesión y estudiar modelos públicos o comunitarios de gestión del servicio eléctrico, donde prime el bienestar sobre el lucro.
El conflicto energético en el Cauca es, en esencia, un choque entre un modelo económico concentrador de riqueza y una región que exige derechos básicos. La crisis no solo afecta la calidad de vida, sino que pone en jaque la dignidad misma de sus habitantes.
